Montilla anuncia para otoño la ley que fijará la nueva gestión de los aeropuertos

El Gobierno catalán tendrá lista en otoño la Ley de Aeropuertos y Helipuertos, que fijará el modelo de gestión de todos los aeropuertos catalanes una vez haya culminado su proceso de descentralización. El presidente de la Generalitat, José Montilla, explicó ayer en el Parlament el calendario de la ley en un intento de contener a Convergència i Unió y a varias organizaciones empresariales, que en los últimos días han presionado al Gobierno haciendo públicas sus respectivas propuestas de gestión. "CiU pide la luna para después ir con todas las rebajas", dijo Montilla.

El pleno del Parlament de ayer fue la caja de resonancia de los compromisos sobre el Estatuto y las infraestructuras que el Gobierno central asumió la semana pasada en el debate del estado de la nación. El aeropuerto de El Prat, los trenes de Cercanías y el desarrollo del Estatuto fueron utilizados por el tripartito y Convergència i Unió para atribuirse el mérito de estar desarrollando el Estatuto, unos desde el Gobierno y los otros en la oposición.

La pugna fue tal que el presidente de la Generalitat, José Montilla, se vio obligado a dar un paso más para demostrar que él, junto al Gobierno central, son los que llevan el timón del desarrollo del Estatuto. Tras asegurar que el Gobierno central "está cumpliendo con lo pactado", lanzó un nuevo compromiso que afecta al Ejecutivo que preside. Anunció que la Ley de Aeropuertos de la Generalitat estará lista en otoño, lo que coincidirá en el tiempo con las negociaciones para que las instituciones catalanas tengan un papel "determinante" en el consorcio que gestionará el aeropuerto de El Prat.

El jefe de la oposición, Artur Mas, exigió que las instituciones catalanas tengan, en el caso de El Prat, una participación "mayoritaria", petición que Montilla no recogió. El presidente de la Generalitat reiteró que la Generalitat tendrá un papel "decisivo" en este aeropuerto y acusó a Mas de querer aplicar la misma táctica que utilizó en los últimos meses de la negociación del Estatuto. "Usted pide la luna para después ir con todas las rebajas; éste es su modelo. Lo conocemos porque ya lo ha aplicado en varias ocasiones", dijo en referencia al acuerdo alcanzado entre el líder de CiU y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en torno al Estatuto.

En el pleno de ayer los tres grupos que apoyan al Gobierno rechazaron una moción de CiU que la creación de "un consorcio para el aeropuerto de Barcelona con una posición mayoritaria y determinante de las instituciones catalanas". La Generalitat quiere que la Ley de Aeropuertos permita la gestión privada de los aeródromos secundarios, es decir, Girona, Reus, Sabadell y el futuro de Lleida. Una empresa pública, que podría llamarse Aerocat, tendrá el 51% de la empresa que gestione cada aeropuerto, que a su vez podrá adjudicar la explotación a una empresa privada. Las patronales y los sindicatos podrán intervenir a través de un consejo asesor. En cualquier caso, el Gobierno catalán defiende la presencia mayoritaria de los organismos públicos para que actúen como "reguladores".

La patronal Cecot y ocho colegios profesionales de Cataluña, entre ellos el Colegio de Economistas, manifestaron ayer su apoyo a la propuesta de gestión privada de El Prat planteada el lunes por los empresarios representados por la Cámara de Comercio de Barcelona, el Círculo de Economía, Fomento del Trabajo y el RACC. Esta propuesta sí ha recibido críticas de la Generalitat, de la patronal PIMEC y de los sindicatos CC OO y UGT. El Colegio de economistas pidió al Gobierno central "que no demore más" el cambio de modelo.

El presidente de la Generalitat también tuvo que hacer frente a las duras críticas del portavoz de Ciutadans, Albert Rivera, al plan para reforzar la inmersión lingüística en las escuelas con más alumnos de origen inmigrante. Rivera encrespó al presidente de la Generalitat al asegurar que "el PSC ha marcado una línea más dura en inmersión lingüística que Convergència i Unió".

Montilla respondió con alabanzas a los planes del Departamento de Educación y asegurando que "mientras el catalán esté en una situación de desventaja respecto al castellano, este Gobierno aplicará medidas de discriminación positiva hacia el catalán".