La ordenanza del ruido acumula nuevas críticas de vecinos y PSPV

La nueva ordenanza contra el ruido de Valencia acumuló ayer nuevas críticas en forma de alegaciones que pretenden enmendar numerosos artículos de un texto que la Federación de Asociaciones de Vecinos, otras entidades ciudadanas y el grupo municipal socialista consideran que desprotege a los afectados por la contaminación acústica y conculca sus derechos. La asociación Juristas contra el Ruido también ha decidido plantear alegaciones a la ordenanza, a las que deberá dar respuesta el equipo de gobierno del PP antes de aprobarla.

La actual normativa no ha servido para combatir el exceso de ruido ni para proteger a los ciudadanos ante los abusos en una urbe que supera los niveles máximos de decibelios recomendados tanto de día como de noche, según advierte al inicio de sus alegaciones la federación vecinal en unas pocas líneas que revelan la magnitud del problema. Los vecinos denuncian la falta de "capacidad y competencia administrativa para poner fin a esta grave situación", lo que ha obligado a muchos afectados a acudir a la vía judicial. Por ello, las principales alegaciones van dirigidas a lograr "agilidad en la gestión de las denuncias" y a la aplicación de medidas cautelares "efectivas" para evitar que se eternicen los expedientes contra locales infractores que "alargan artificialmente" el procedimiento mientras los vecinos continúan sometidos al ruido denunciado. En la misma línea que las alegaciones de otras entidades vecinales y del PSPV-PSOE, la federación rechaza la vulneración de derechos ciudadanos en el artículo 55, que limita y dificulta la denuncia y prevé imponer el coste de informes periciales a los afectados. La federación también objeta al blindaje del ruido en fiestas como la Cabalgata de Reyes, que considera no debe incluirse en una lista de "excepciones" a la ordenanza.

Menos decibelios

La concejal socialista Carmina del Río también explicó ayer las 18 alegaciones del grupo municipal, que ahondan en la crítica a la reducción de garantías para los ciudadanos, como es el caso de la declaración de zonas acústicamente saturadas (ZAS). La ordenanza introduce un artículo sobre posibles "actuaciones previas" que convierte las ZAS en un acto "discrecional", cuando está reglado por ley. Del Río denunció que el Ayuntamiento intenta sortear la declaración de nuevas zonas -las últimas dos se impusieron por sentencia- y que no establece claramente la limitación de horarios. La concejal socialista alertó asimismo contra los artículos que equiparan las obligaciones de denunciantes y los supuestos infractores en la tramitación de los expedientes por exceso de ruidos.

Del Río propuso la reducción de los límites máximos de ruido en conciertos y verbenas, que la ordenanza fija en 90 decibelios y que los socialistas pretenden corregir a 75 durante el día y 65 por la noche -20 más de lo habitual-. En caso de molestias graves, la concejal exigió medidas inmediatas, y puso objeciones al apartado que permite mesas y silla en áreas públicas porque a su juicio justifican casos como la terraza de L'Umbracle.