El Consell ingresaría 400 millones más al año con la cláusula del Estatuto andaluz

No se trata del fuero, sino del huevo. El Consell, que preside Francisco Camps, ha calculado que si contase con una cláusula de financiación como la del Estatuto andaluz, recurrida al Tribunal Constitucional, ingresaría aproximadamente unos 400 millones adicionales al año. Si el Gobierno valenciano hubiese optado por colocar en el Estatut una disposición como la del texto catalán, en vez de la cláusula Camps, la Comunidad Valenciana recibiría inversiones adicionales de 350 millones al año en infraestructuras. Pero a lo hecho, pecho. Ahora, además de recurrir los Estatutos catalán y andaluz al Constitucional, Camps exige revisar el modelo de financiación autonómica que toma como base el padrón de 1999, que penaliza a los valencianos.

Economía evalúa en casi 500 millones extra los ingresos por actualizar la población

El consejero de Economía, Gerardo Camps, esgrimirá hoy en la reunión del Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera -en la que están el Gobierno y las 15 comunidades autónomas de régimen común- que se actualice el criterio de población que sirve de base para distribuir el dinero entre las distintas autonomías. La reclamación se ha convertido en el estandarte del presidente de la Generalitat para esta legislatura, cuya Administración debe prestar servicios esenciales (sanidad, educación y bienestar social) a casi un millón más de los contabilizados en el modelo de financiación. A continuación se detallan algunas de las cuestiones básicas para entender el debate sobre financiación.

- ¿Qué quiere modificar el Consell? La Generalitat se ha fijado dos objetivos. Primero, que ningún Estatuto de autonomía incluya cláusulas de financiación que condicionen a priori el reparto de dinero por parte del Estado. Ni las inversiones estatales, ni el reparto de los fondos adicionales que el Gobierno fija para objetivos concretos al margen del sistema de financiación autonómico. Por eso ha recurrido al Constitucional. Segundo, que se eliminen las trabas ("modulaciones" es el vocablo utilizado en el modelo) para actualizar el padrón de población y que se sustituya el de 1999 por el último existente. La población es el criterio con el que se reparten el 94% de los fondos para gastos comunes, excluida sanidad y bienestar social.

- ¿Por qué se plantea ahora el debate? El actual modelo de financiación se basa en el denominado modelo Zaplana, aprobado en 2001. El sistema prima la población y establece condiciones muy rígidas para cambiar el padrón de 1999 utilizado como base, ya que nadie previó el altísimo crecimiento demográfico provocado por el fenómeno de la inmigración. Sí se preve una revisión del modelo, pero en 2003 hubo elecciones autonómicas, en 2004 generales, las quejas empiezan en 2005 y probablemente será muy difícil reformar el sistema hasta después de las generales de la próxima primavera. Además, la actualización del padrón que exige el Consell y el PP beneficia, fundamentalmente a Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid y menos a Cataluña y Andalucía.

- ¿Cuánto dinero extra pide el Consell? Por pedir no será. El Ejecutivo de Francisco Camps estima que sólo con la revisión de la población obtendría cerca de 500 millones adicionales al año, aunque estima que los servicios que presta a la población no contabilizada por el sistema de financiación valen unos 700 millones anuales. Además, la Generalitat reclama dinero por otros conceptos adicionales, como la atención sanitaria a residentes extranjeros no censados y desplazados. Y también una mayor inversión del Estado en infraestructuras, al menos acorde al peso de la Comunidad Valenciana en el PIB español. Aunque esta reclamación no forma parte de la revisión del sistema de financiación autonómica. En total, unos 1.000 millones de euros anuales más.

- ¿No es contradictorio pedir más dinero al Gobierno mientras la Generalitat baja los impuestos? Según el Consell, no. Las autonomías, con el actual modelo de financiación, participan en porcentajes importantes de los grandes impuestos del Estado. Ello permite a los gobiernos autonómicos disponer de dinero antes de que el Estado realice las liquidaciones contables y se compensen las cantidades finales de acuerdo al reparto fijado en el sistema de financiación. La política de la Consejería de Economía es que la bajada de impuestos suponen una pérdida de ingresos, aunque esta se ve compensada con creces por una mayor actividad económica. Al existir más dinero en manos de los contribuyentes, aumenta el consumo y las tributaciones que este genera.