La operación policial contra la especulación en Chiclana suma ya 12 detenidos

La Guardia Civil ha detenido ya a 12 personas y ha imputado a otras tres en el transcurso de la operación Obra Nueva contra la especulación urbanística iniciada en el mes de marzo en Chiclana (Cádiz). El objetivo de esta investigación es desarticular una trama dedicada a la falsificación de certificados de obra nueva para facilitar la construcción de viviendas en terrenos en los que está permitido urbanizar. Entre los detenidos hay promotores, agentes inmobiliarios, abogados urbanistas, arquitectos técnicos y tasadores que falsificaban documentos para evitar derribos.

Para intentar legalizar una vivienda, los integrantes de la trama emitían declaraciones falsas sobre inmuebles que ni siquiera existían y cuya construcción fijaban en una fecha anterior a cuatro años, que es el tiempo que marca la ley para que prescriban estas infracciones. De este modo, conseguían inscribir las viviendas en el registro de la propiedad y conseguir una revalorización de los terrenos en los que, de otro modo, habría sido imposible levantar una casa.

La Guardia Civil ha detectado algunos casos de estafa a entidades bancarias: los imputados presentaban informes de tasación falsos para la solicitud de préstamos hipotecarios sobre inmuebles que no se correspondían con la vivienda tasada.

Los implicados son sospechosos de delitos de falsedad en documento público y privado, estafa y contra la ordenación del territorio. La operación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones.

Todos los casos investigados en la operación Obra Nueva se han localizado en Chiclana, donde desde las últimas elecciones gobierna un equipo formado por PP, IU, PA y PSA. Su edil de Urbanismo, José Pedro Butrón, ha anunciado que el Ayuntamiento incrementará los medios y el número de efectivos policiales que se dedica al control urbanístico. "Sólo disponemos de tres agentes y un vehículo, menos que en 1985. Esto es caótico", denunció el concejal.

Puerto Serrano

Por otra parte, la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz ha abierto diligencias contra el alcalde de Puerto Serrano (Cádiz), Pedro Ruiz Peralta, de Izquierda Unida, por un posible delito de prevaricación urbanística. La Fiscalía ha presentado una denuncia ante el juzgado de Arcos en la que señala que el alcalde autorizó la construcción de un edificio de 33 viviendas pese a no contar con el visto bueno de los técnicos municipales. Cuando Ruiz Peralta emitió la licencia, en julio de 2005, contaba con un informe negativo del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Cádiz. El secretario accidental del Ayuntamiento de Espera le advirtió de este hecho que, según explica el fiscal en su escrito, el alcalde no tuvo en cuenta.

La denuncia también va dirigida contra los responsables de Solabama y Gesconsa, empresas promotoras del edificio. A éstos se les imputa un presunto delito contra la ordenación del territorio, al haber invadido una zona de libre de dominio y de uso público.