El Gobierno central lleva a los tribunales los estatutos de 19 federaciones deportivas

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Paulino Luesma, ha ordenado al abogado del Estado que interponga recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia contra los estatutos de 19 federaciones deportivas vascas, entre las que se incluyen las de ciclismo, atletismo o balonmano. La Administración central llevará a los tribunales a estas federaciones al considerar que se otorgan "una representación de carácter estatal e internacional" contraria a la Constitución. La decisión es coherente con la impugnación al Constitucional de la Ley del Deporte vasca.

Los recursos se presentarán contra otras tantas resoluciones del director de Deportes del Gobierno vasco por las que aprueba e inscribe en el Registro de Entidades Deportivas de Euskadi el cambio de los estatutos de diversas federaciones deportivas autonómicas. Las federaciones recurridas son las de ciclismo, kárate, deporte adaptado, balonmano, juegos y deportes vascos, atletismo, natación, lucha y sambo, halterofilia, gimnasia, surf, hípica, triatlón, automovilismo, rugby, judo y deportes asociados, ajedrez, actividades subacuáticas y tiro olímpico.

Los nuevos estatutos federativos han incluido en sus artículos 5 y 6.a "disposiciones similares" a la recogida en el artículo 16.6 de la Ley vasca del Deporte, que fue impugnado por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional en octubre de 1998 porque "pretendía otorgar al deporte vasco una representación de carácter estatal e internacional", lo que vulnera el artículo 149.1.3 de la Carta Magna.

Esta decisión del delegado del Gobierno reabre la polémica sobre la representación de las selecciones vascas, un debate que se remonta a junio de 1998, cuando fue aprobada la Ley del Deporte en el Parlamento. Esta normativa salió adelante con los votos del PNV, EA, IU y HB, y el rechazo del PP y el PSE. Su promulgación fue uno de los puntos de desencuentro dentro del tripartito PNV-EA-PSE y que desembocó en la salida de los socialistas del Ejecutivo en julio de 1998. Su marcha se dio sólo un mes después de aprobarse la citada ley deportiva.

En octubre de ese año, el Gobierno del PP impugnó la norma vasca ante el Tribunal Constitucional porque excedía las competencias del Ejecutivo autonómico y era contraria a la Constitución, que confiere al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales.

Tal y como recuerda el delegado del Gobierno, el Alto Tribunal acordó en su momento la suspensión del artículo 16.6, relativo a la representación de las federaciones vascas más allá de su ámbito territorial. Dicho artículo dice que la federación vasca de cada modalidad deportiva "será la única representante del deporte federado vasco en el ámbito estatal e internacional".

Por contra, desde el Ejecutivo vasco siempre se ha destacado que el "núcleo central" de la normativa sigue estando en vigor, así como otros artículos (como el 37) que abren la puerta a la participación de las federaciones vascas en competiciones internacionales.

Por otra parte, Luesma consideró que a la hora de determinar la composición de la Asamblea General y de la Junta Directiva (artículos 17 y 27) los estatutos de las federaciones ahora recurridos no respetan el plan de igualdad de la ley vasca y el decreto de Federaciones Deportivas, que obliga a las mismas a adoptar planes de ejecución de la igualdad en la esfera deportiva y en la gestión, lo cual puede determinar la nulidad de dichas disposiciones.

La Unión de Federaciones Deportivas Vascas (EKFB) considera "totalmente politizada y fuera de contexto" la decisión del delegado del Gobierno. En una nota, denunció que "este tipo de artimañas políticas" tienen "el único ánimo de desestabilizar y echar por la borda toda la estructura federativa vasca" y exhortó "al Gobierno central a dejar de entrometerse y torpedear el entramado federativo vasco".