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Reportaje:

El Gobierno balear echa el freno

El Ejecutivo de Antich afronta gastos millonarios para paralizar grandes proyectos del PP

Impedir, eliminar, suspender, paralizar. Estos son algunos de los verbos que jalonan la declaración de intenciones pactada por la nueva mayoría de centro izquierda de Baleares. La alianza del PSOE con UM y el Bloc PSM-IU-Verds-Esquerra se compacta con la vocación de parar la "destrucción del territorio" y de enmendar algunas de las grandes infraestructuras y operaciones inmobiliarias del anterior Gobierno del PP.

Pero paralizar estas obras supondrá en muchos casos tirar de la chequera pública, ya que se trata de proyectos en marcha por concesión o concurso de la propia Administración. Estos son algunos de los proyectos que revisará el Gobierno que preside Francesc Antich, y el ayuntamiento de Palma de la socialista Aina Calvo.

- Fachada marítima de Palma. El nuevo Gobierno quiere revisar una macrooperación urbanística en la última zona libre de la costa de Palma. El pacto incluye "suspender las licencias" de las 200 viviendas de lujo en el frente marítimo de Palma y en su lugar construir un parque. El PP decidió urbanizar con bloques de cinco y siete plantas los últimos solares libres ante el mar en la ciudad, y adjudicó a Núñez y Navarro el negocio. Mapfre posee otro solar en la zona. Además, el Ejecutivo autonómico evitará en la zona el proyectado derribo de un edificio de Endesa-Gesa de 11 pisos.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo palacio de congresos, con un coste de 110 millones de euros, obra de Patxi Mangado, que el Ejecutivo "revisará". Además, hay previsto un hotel que el Gobierno balear y el Ayuntamiento concedieron para su explotación a Barceló, Globalia, Sampol, Iberostar y Acciona con un capital de 34 millones.

El Ayuntamiento calculó que parar las expectativas y derechos de la operación de los pisos costaría 276 millones de euros. Núñez pagó por los solares 73,4 millones de euros. El pacto por Palma se compromete a "iniciar las negociaciones para un nuevo proyecto de gran parque público" y transformar la torre de Endesa "en un espacio cívico, cultural y artístico".

- Urbanización en un cuartel. El pacto de centro izquierda pretende recortar el plan del Ministerio de Defensa de construir en los terrenos de un antiguo cuartel del casco de Palma. El acuerdo político afirma que "se trasladará a otra localización de la ciudad una parte de las viviendas previstas en Son Busquets". Inicialmente se planificó la construcción de 1.600 viviendas, de las que 850 serían de protección oficial.

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El compromiso del centro izquierda quiere forzar una reducción, inconcreta, del impacto para no crear un gran barrio sin zonas verdes ni servicios. Calvo ha dicho que "revisará el Plan Especial de Reconversión Integral (PERI) para intentar compensar una zona muy deficitaria en equipamientos".

- Hospital de Palma. Frenar el hospital de referencia de Son Espases de Palma es uno de los empeños más complicados. El pacto afirma que se "paralizarán" las obras del nuevo hospital, que está en fase de cimentación, con el fin de "analizar la situación económica, jurídica y patrimonial" para "comprobar la factibilidad" de construir uno nuevo. Se pretende el traslado de la operación al solar anejo al histórico centro sanitario de Son Dureta.

La operación en marcha está ligada -por tres décadas- a la concesión por explotación privada de servicios. El Gobierno balear de Jaume Matas adjudicó la operación por 635 millones de euros a Dragados-FCC-Melchor Mascaró-Llabrés Feliu.

- Gran centro comercial. El Gobierno municipal del PP en funciones dio la licencia para un gran centro comercial y turístico en una zona húmeda de la bahía de Palma. El Ayuntamiento de centro izquierda "estudiará la viabilidad jurídica y financiera de extender al máximo la protección" con el fin de evitar la construcción sobre los humedales.

- Campos de golf y puertos. El Ejecutivo autónomo reformará la ley con "el fin de impedir nuevos campos de golf acompañados de crecimientos residenciales y turísticos". El nuevo plan será elaborado "con criterios restrictivos". Según el acuerdo, se "estudiarán los expedientes en trámite", lo que puede afectar a una decena de proyectos. Además, "durante esta legislatura no se aprobarán nuevos puertos deportivos ni macro ampliaciones de los ya existentes", reseña el acuerdo, en el que se indica que si es preciso se modificará la actual ley. Unas dos decenas de planes y proyectos en Mallorca e Ibiza se verán afectados.

- Menos urbanizaciones. Con el "acuerdo unánime" de los grupos se trabajará para "eliminar áreas de reconversión territorial y todas aquellas urbanizaciones que se puedan eliminar en función de su grado de consolidación". El objetivo es contener el urbanismo salvaje en territorios no explotados.

La coalición eliminará las amnistías del PP sobre construcciones irregulares de Ibiza, que habían sido incluidas en diferentes leyes presupuestarias. Se vetarán casi todas las construcciones en áreas protegidas.

- Autopista Inca-Manacor. El proyecto de autopista Inca-Manacor quedará "eliminado" del plan sectorial de carreteras de Mallorca. El proyecto está redactado pero el PP lo frenó ante la contestación a lo largo de 2006.

Proyecto del nuevo palacio de congresos de Palma de Mallorca.
Proyecto del nuevo palacio de congresos de Palma de Mallorca.TOLO RAMÓN

"Parar la destrucción del territorio"

La mayoría de los proyectos ahora en revisión han sido cuestionada por una dilatada oposición de colectivos y plataformas ciudadanas que presionaron en vano al PP.

Los partidos que acceden al poder asumieron como propias muchas de las reivindicaciones vecinales para acentuar su estrategia de oposición. El pacto de Baleares se titula: Para la sostenibilidad territorial y defensa del paisaje, el patrimonio natural y del medio ambiente.

El presidente del Gobierno, Francesc Antich, y la alcaldesa de Palma, Aina Calvo, del PSOE, asumen que cualquier actuación de paralización o que exprese criterio restrictivo tendrá que ser ponderada para no hipotecar las arcas públicas.

La mujer clave para el cambio, Maria Antònia Munar, de UM, justifica su adhesión a la izquierda en frenar la "destrucción de Baleares".

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