El magistrado de Marbella suspendido compró una casa a una inmobiliaria del 'caso Malaya'

El hallazgo de una escritura de una vivienda del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía en los archivos de Juan Antonio Roca, el presunto cerebro de la trama de corrupción en dicho municipio, es uno de los indicios que le han supuesto su suspensión cautelar y su investigación penal y disciplinaria. En el registro inmobiliario, Urquía aparece como dueño de una sola vivienda: la compró en abril de 2006 a la inmobiliaria Azalea Beach, cuyo dueño fue detenido meses después en la Operación Malaya por regalarle una casa y blanquearle las comisiones al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz.

El 29 de marzo de 2006 estalla en forma de detenciones la Operación Malaya contra la corrupción marbellí. La operación llevaba gestándose en la sombra mediante investigaciones y escuchas desde noviembre de 2005. En noviembre de 2006, es detenido en la tercera fase el empresario José Miguel Villaroya Villar, dueño de Azalea Beach.

El juez Miguel Ángel Torres, instructor de la operación, le acusaba de haber vendido a Julián Muñoz una vivienda de la promoción de Azalea Beach, conocida como La Pepina, sin que el ex regidor le abonara un solo euro. Favor con favor se paga. Era el propio Muñoz quien le había dado la licencia de obras para dicha promoción y para otras entre 1997 y 1999. Villaroya vendió también a la ex esposa de Muñoz, Mayte Zaldívar, las acciones de su firma Senior Servicios Generales Madrid, que era propietaria de un piso, dos garajes y un trastero en la zona de Ricardo Soriano en Marbella.

Con esa operación, Muñoz se hacía hecho dueño de unas propiedades inmobiliarias valoradas en 132.000 euros por la compra de unas acciones que le habían costado apenas 3.000 euros.

A cambio, el Ayuntamiento marbellí, durante el mandato de Muñoz le encargó las obras del Mercado Divina Pastora, contrato que estuvo plagado de irregularidades denunciadas por el Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, el Ayuntamiento le adjudicó un contrato para la tasación de los bienes de titularidad municipal, a pesar de que la sociedad beneficiaria, Value, carecía de personal especializado para ello. No obstante, cobró 1,6 millones de euros por una tasación que nunca realizó. Igualmente, dicha sociedad fue utilizada para desviar dinero público a una sociedad fantasma, Fincas y Contabilidad, mediante falsas subcontrataciones. Por esta vía hizo desaparecer 1,1 millones de euros en favor de dicha entidad, controlada por personas afines a Juan Antonio Roca, el ex hombre fuerte del urbanismo marbellí y presunto cerebro de la trama de corrupción municipal.

Pocos meses antes de la detención de Villaroya, el 7 de abril de 2006, se registró la venta de una vivienda de 173 metros construidos y un terreno de 94 metros cuadrados en Azalea Beach Tercera Fase al juez Francisco Javier de Urquía Peña. Ni el dueño de la inmobiliaria vendedora, ni el comprador, titular del juzgado de instrucción número dos de Marbella, sabían que su operación acabaría puesta bajo la lupa de la sospecha de otro juez, Miguel Ángel Torres.

Favores judiciales

La compra de esta casa no sería un elemento baladí en el abanico de actuaciones de Urquía que le valdrían una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Poder Judicial. Una de las sospechas que han dado pie a tal investigación es la presunta recepción de sobornos por parte de De Urquía a cambio de favores -léase prevaricación- en favor de Roca. Entre otros actos del juez, se investiga su decisión de suspender un programa de una televisión local que pretendía desvelar las corruptelas de Roca en vísperas de la Operación Malaya.

Las sospechas de las connivencias inmobiliarias del juez con el presunto cerebro de la corrupción marbellí se acrecentaron tras descubrirse una escritura de una vivienda en una de las dependencias clandestinas de Roca y detectarse que en sus conversaciones con sus secuaces se invocaba el nombre del titular del juzgado número dos de Marbella.

La investigación patrimonial a que se verá sujeto con seguridad De Urquía en el transcurso de la instrucción penal de su causa por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía intentará despejar si es compatible su sueldo con el valor de su patrimonio personal. Por lo pronto, el registro de la propiedad brinda a fecha de hoy noticia de una sola inversión inmobiliaria del juez. Por lo demás, notable para sus ingresos oficiales, según juristas consultados y conocedores de sus ingresos oficiales.

Con su sueldo de 3.500 euros netos mensuales, De Urquía se embarcó en abril de 2006 en la compra de una vivienda que tiene un precio de subasta de 612.000 euros. Cada una de las 360 mensualidades de la hipoteca que suscribió tendría un coste de unos 1.700 euros.