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Entrevista:ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA | Consejero de Empleo de la Junta de Andalucía | Cierre de una multinacional

"Delphi no nos ha costado un duro"

Han pasado cuatro meses y medio desde que el consejero de Empleo conoció una carta en inglés en la que la multinacional estadounidense Delphi comunicaba a sus 1.650 empleados en Puerto Real que se disponía cerrar la fábrica. Inmersos en una campaña electoral, y con toda la comarca movilizada por el futuro de más de 5.000 familias, los trabajadores de Delphi, la Junta y la empresa cerraron el pasado jueves un acuerdo.

Pregunta. Los sindicatos y los trabajadores parecen satisfechos pero, ¿ha sido realmente un buen acuerdo?

"Hemos obligado a que, si se querían ir, hicieran frente a sus responsabilidades"
"La deslocalización no tiene más que un contenido económico y lo dice la legislación"
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Respuesta. Un magnifico acuerdo. Creo que hemos conseguido convertir una crisis en una oportunidad. Aquí hay una cosa clara, hay gente que ha estado tratando de que esto no saliera. Poniendo condiciones de imposible cumplimiento para que el conflicto social estallara. Hay gente que vive bien con el conflicto social. El tema ha sido muy manejado durante la campaña y eso lo ha dificultado. Tenemos que recordar que esto empezó con una carta en inglés que decía que la gente se iba a la calle con 20 días por año trabajado y punto. Y además decían que no había más que 72 millones de dólares, y han mantenido una postura de no diálogo, de no negociación. Una postura muy dura en la que se han aprovechado de que la oposición calentaba motores y presentaba a la Junta como culpable, lo que le daba unas condiciones ventajosas de negociación.

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P. ¿Cuál ha sido la clave para cerrarlo?

R. Qué por qué cambia Delphi y se deja casi 500 millones de euros. La gente dice que la Junta ha dado dinero por detrás, pues no, nada de eso. La empresa cuando ha visto que socialmente no tenía acompañamiento político, que por desgracia era gratis, y ha visto que tenía que liquidar antes del verano porque la operación de la matriz le obligaba a ello a nivel mundial, nos ha dado posibilidades de mover ficha. La estrategia ha sido aguantar, y un movimiento clave que fue la suspensión de contratos, una operación que suponía que no fuera computada como parte del cobro de las prestaciones por desempleo, la famosa frase de situar a los trabajadores con contador cero. Delphi se dio cuenta que los trabajadores podrían llegar sin agobios hasta diciembre o enero, y eso le impedía desprenderse de la fábrica española antes del verano. Además, con la intervención judicial, tampoco las tenía todas consigo.

P. Pero ¿en algo habrá cedido la Administración?

R. En nada, lo que no significa que tengamos un compromiso con los trabajadores. Haremos un esfuerzo para que las empresas que quieran instalarse en Cádiz lo hagan rápido.

P. Insisto, ¿cuánto dinero le va a costar a los andaluces la crisis de Delphi?

R. A los andaluces no nos ha costado un duro, es más, hemos recuperado tres veces el teórico dinero que la oposición decía que habíamos tirado. Si las subvenciones públicas que hemos dado eran de 60 millones de euros, los hemos recuperado con la cesión de los activos y la maquinaria valorados en 160 millones.

P. ¿Y realmente esos activos valen ese dinero?

R. Hombre, hay cuentas, hay papeles, que ponen ese valor, a lo mejor puede ser una valoración exagerada pero está ahí. En cualquier caso es un valor que queda aquí, que es para los andaluces, y no sólo no nos ha costado dinero sino que hemos ganado un patrimonio.

P. ¿Quién va a pagar los 25 millones de deuda con proveedores de Delphi?

R. Supongo que lo pagará la empresa, y le recomiendo que cumpla lo pactado. Está bajo la tutela judicial, no es un papelito entre amigos, y no se va a levantar nada de la posición judicial hasta que no liquiden y creo que estos compromisos están hechos con el claro ánimo de cumplirlos. Ha sido muy dificultoso hacerles entender a la cultura americana que tenían que cumplir estos compromisos, que además entiendo forman parte de la responsabilidad social de la empresa.

P. Usted ha dicho que el acuerdo es una hoja de ruta que sirve de aviso a futuros intentos de deslocalización, ¿a que se refiere?

R. Quiero decir que aquí se ha criticado mucho que no ponemos exigencias. Y que todo el mundo se va cómo y cuándo le da la gana, y se nos acusa de que lo arreglamos todo con subvenciones públicas. Tenemos una cierta literatura de algunos autores que no perdonan el caso Santana. Bueno, pues esto ha sido una nueva modalidad de comportamiento en el que exigimos a las empresas que cumplan con sus obligaciones. Y por tanto, si alguna empresa quiere hacer o decir aquí te doy las llaves y me voy, se va a encontrar enfrente con una administración que va a pelear.

P. Pero por la experiencia en casos como Gillette o Delphi, está claro que cuando una multinacional se quiere ir se va.

R. Igual que cuando alguien se quiere separar de su pareja, Nada es eterno. Y en una economía de libre mercado, aunque exista el componente social, la desvinculación no tiene más que un contenido económico, y nuestra legislación y la europea así lo recoge.

P. Quiere decir que la Junta advierte de que no se va a hacer cargo de más deslocalizaciones.

R. El guión de trabajo fácil hubiese sido crear una empresa, la opción Santana, que no era el caso ni el supuesto de hecho. Hay un comportamiento distinto, hay una obligación que la que tiene que responder quien hace el daño. Igual que en medioambiente, quien contamina paga, aquí lo mismo, quien hace el daño lo paga. Parte de un principio de economía de libre mercado, que la movilidad territorial existe, y que el sector de automoción atravesaba una circunstancia especial, pero, no obstante, hemos obligado a que si se querían ir han tenido que hacer frente a sus responsabilidades, y lo hemos conseguido. Creo que los trabajadores y los sindicatos han realizado un trabajo muy coherente, con una posición muy de partida de ajedrez, sin alterar y sin posibilitar un cierre patronal.

P. Pero la Junta sí va a poner dinero, al menos en formación.

R. Vamos a ver, repito, los 120 millones lo ha puesto Delphi, el dinero lo han mandado desde de América y le hemos obligado a que ceda su patrimonio, que lo podrían haber intentado vender. Pero no ha sido así. Lógicamente vamos a dar la formación profesional para recualificar a los trabajadores, vamos a dar nuestros incentivos al empleo, pero la Administración no ha puesto un duro.

P. Desde hace cuatro meses se ha hablado de empresas e inversiones para la Bahía de Cádiz para paliar la salida de Delphi pero, ¿qué hay en concreto?

R. Sobre ese tema no quiero avanzar. Le corresponde al Gobierno, y hay otras consejerías competentes. Hay ya dos proyectos con compromisos de ir incorporando a gente de Delphi, pero lo iremos avanzando.

P. ¿Qué cálculos tienen de reocupación de los 1.650 trabajadores?

R. El acuerdo está firmado con el principio de máxima empleabilidad al colectivo de Delphi y eso lo constituye la totalidad de trabajadores involucrados. Queremos estudiar a los trabajadores de la empresa auxiliar. Con todo ello, en principio, las previsiones son de empleabilidad al 100%. Y el acuerdo contempla que si las condiciones objetivas y de mercado no abarcan a la totalidad entonces aplicaremos medidas sociolaborales. Y estoy convencido que desde ayer o desde hoy hay trabajadores que van a encontrar trabajo con independencia de nuestra hoja de ruta.

P. ¿Hay algún as en la manga del acuerdo con los trabajadores?

R. Todo lo comprometido está escrito y publicado. Los trabajadores han dado un ejemplo de cómo se gestiona una crisis, y como se transforma un castigo en una oportunidad. Distinto es el desarrollo del acuerdo, que habrá que hacerlo en julio y septiembre. Pero en principio la obligación contraída es para la formación de recualificación.

P. ¿Y está cuantificado?

R. No. Vamos a intentar utilizar el Fondo de Adaptación a la Globalización. Pero tenemos que hacer la memoria, y valorar esos cursos que son caros, de nuevas tecnologías, de un alto coste y largos en el tiempo.

Antonio Fernández, consejero andaluz de Empleo.
Antonio Fernández, consejero andaluz de Empleo.PABLO JULIÁ

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