Aguirre toma las riendas del urbanismo

Vuelco al modelo urbanístico de la región. Con un proyecto de ley que tramitará por la vía de urgencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, despejó ayer el camino para dejar en manos del Gobierno regional la iniciativa en la tramitación de los planes urbanísticos de la región y no sólo la última palabra como hasta ahora.

Ésta es una vieja pretensión de Aguirre, que no llegó a ejecutar en la legislatura pasada, porque su proyecto de una nueva Ley del Suelo no prosperó. La versión oficial fue que se debía esperar a que se tramitara la legislación nacional para adaptarse a ésta, pero la oficiosa indica que a Aguirre no le gustó el proyecto de ley que había elaborado una comisión de expertos.

Ahora pretende incluir en la normativa regional una serie de medidas ya anunciadas en la campaña electoral (e incluidas en el programa del PP), que amplían las competencias del Consejo de Gobierno en el procedimiento urbanístico, como la facultad de atribuirse las competencias de un Ayuntamiento en el caso de que éste incumpla "gravemente" la normativa.

Éstas son las medidas avanzadas ayer que adopta el nuevo proyecto de Medidas Urgentes de Modernización de la Administración, que será enviado a la Asamblea de Madrid. Según explicó el vicepresidente regional, Ignacio González, ésta lo debatirá el próximo 19 de julio y lo aprobará en la sesión del día 25:

- Asumir competencias urbanísticas. A partir de ahora, el Gobierno regional podrá asumir las competencias urbanísticas de un Ayuntamiento (también el de Madrid) si éste infringe gravemente la ley. "Será muy excepcional", afirmó González. Esta potestad ya la tienen otras comunidades autónomas, y el vicepresidente citó la de Andalucía -de la que se ha calcado la regulación en cuestión-, donde sirvió para asumir el control urbanístico cuando el caso Malaya llevó a los dirigentes de Marbella a prisión. "Aquí, ni siquiera cuando un juez ha quitado las competencias a un alcalde, como en Aldea del Fresno, hemos podido asumirlas", recalcó González.

Para que se produzca esta situación, el proyecto contempla un procedimiento que incluye dar audiencia al Ayuntamiento supuestamente infractor, contar con un dictamen favorable del futuro consejo consultivo -que se regulará en una próxima ley- y una resolución favorable de la Asamblea, donde el PP tiene mayoría absoluta (67 diputados).

- Nueva tramitación de los avances. El Consejo de Gobierno intervendrá en la tramitación de los planeamientos ya desde la aprobación de los avances generales. Ahora éstos los diseña la Concejalía de Urbanismo y luego se aprueban en el pleno municipal. Hasta ahora, el Gobierno regional sólo intervenía en el proceso al final y a través de la Consejería de Ordenación del Territorio que le proponía la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

La nueva normativa impone que el Consejo pueda rechazar un avance desde el principio del procedimiento. Eso ocurrirá si son desfavorables los informes que elaborará el Gobierno: Medio Ambiente se encargará de un dictamen medioambiental como hasta ahora, mientras que también se elaborará antes de seis meses un informe de impacto territorial que estudiará cómo afecta el aumento de población a los servicios básicos, las redes de transportes, los equipamientos y a los municipios del entorno.

- Ley del Suelo y estrategia territorial. El informe de impacto territorial supone, según aclaró González, analizar el avance desde una óptica superior: "Una visión del conjunto de la Comunidad de Madrid". También precisó que el nuevo proyecto de ley no va a suponer la renuncia a reformar la Ley del Suelo. Tampoco a la elaboración de un mapa de estrategia territorial. "Es ahora cuando procederemos a trabajar en ese informe, con la filosofía de una estrategia conjunta".

- Transparencia. El plazo para que los afectados por un PGOU puedan hacer alegaciones se amplía a 30 días. "La intención es dar una mayor difusión del planeamiento al conjunto de vecinos para que haya una mayor participación", explicó el vicepresidente regional. Hasta ahora los afectados sólo podían participar en el procedimiento con alegaciones a la aprobación inicial del plan, que luego debía recoger el Ayuntamiento y aprobar un avance provisional del PGOU. "Eso permitirá evitar que se ponga en marcha un plan urbanístico que no conoce nadie y del que se derivan compromisos para terceros que supongan problemas", recalcó el vicepresidente.

- Edificios de cuatro plantas. Como ya anunció Aguirre en campaña electoral, los nuevos barrios de la región no podrán tener edificios con más de cuatro alturas (tres plantas más ático). Sólo en casos excepcionales, los ayuntamientos podrán autorizar edificios singulares, pero tendrán que acreditar las circunstancias especiales que permitan levantarlos.

- Fin del agente urbanizador. De un plumazo, el proyecto de ley acaba con el agente urbanizador. Ésta es una figura que se introdujo por primera vez en la Comunidad Valenciana y cuya función es proponer la urbanización de un terreno sin desarrollar. Si el dueño no lo urbaniza, todos los derechos de la urbanización pasan al agente. Aunque se impuso para evitar que los propietarios retuvieran terrenos para especular, en la práctica ha supuesto despojar de suelo a quienes no tenían dinero para desarrollarlos por lo que acababan malvendiéndolos.

- Prohibidos los convenios. También se prohíben los convenios urbanísticos "que establecen obligaciones adicionales y más gravosas de las que fija la ley", según González. Se trata de acuerdos entre un Ayuntamiento y un promotor previos a la tramitación del PGOU. Según el pacto, el promotor adelanta en metálico al Consistorio el valor de los derechos urbanísticos sobre el terreno a urbanizar que corresponden a los equipamientos municipales. Con frecuencia, el Ayuntamiento gastaba el dinero antes de que el plan fuera aprobado por la Comunidad de Madrid, por lo que trataba a toda costa de conseguir la aprobación del plan.

Todas estas medidas entrarán en vigor antes de final de mes.