Narbona ve "indicios de inconstitucionalidad" en el proyecto de Ley de Modernización

La oposición ha arremetido hoy contra el proyecto de Ley de Medidas Urgentes para la Modernización de la Administración, que Esperanza Aguirre presentó el pasado día 6 y que, entre otras cuestiones, otorga al Ejecutivo regional la potestad de asumir las competencias de un Ayuntamiento si incumple la normativa de urbanismo. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha considerado que el proyecto presenta "indicios notables de inconstitucionalidad", porque "invade competencias del Estado" y "vulnera leyes básicas". IU, por su parte, ha augurado un "asalto a la sierra de hoteles, casas rurales, picaderos y campos golf", mientras que el PP ha respondido acusando a los socialistas de ponerse "al lado de los especuladores urbanísticos".

Según Narbona, la eliminación del "carácter de autoridad" de los agentes forestales que establece el proyecto de ley madrileño va en contra de la Ley de Montes; mientras que la utilización de suelo rural para actividades deportivas podría conculcar la Ley del Suelo aprobada el pasado mes de mayo. La ministra, que ha ofrecido una conferencia de prensa en la Asamblea de Madrid para pedir al Gobierno de Esperanza Aguirre la "retirada" de su proyecto de ley, ha explicado que la "exigencia" que hace el texto a las "obras hidráulicas de interés general" supone otra posible inconstitucionalidad.

Dificulta la prevención de incendios

Se ha mostrado además convencida de que el proyecto de Aguirre dificulta la prevención de incendios "justamente en este momento del año", y ha asegurado que el Ministerio de Medio Ambiente "no va a permitir semejante atropello". Narbona, que ha comparecido junto a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Matilde Fernández; y el vicepresidente de la Federación de Municipios de Madrid y alcalde de Fuenlabrada, Manuel Robles, se ha preguntado "a quién está defendiendo Esperanza Aguirre" al establecer que los agentes forestales necesitarán "autorización judicial" para acceder a los montes de titularidad privada.

Ha recordado que el 70% de los montes y espacios forestales de Madrid son de titularidad privada y ha insitido en que, si el Parlamento madrileño aprueba el texto sin modificarlo, será "recurrible" ante el Tribunal Constitucional. Narbona ha criticado también la vía de urgencia escogida por Aguirre para tramitar su proyecto de ley, y ha sostenido que no contiene ninguna medida urgente para el interés general de los madrileños, sino que responde a "urgencias particulares" de la presidenta madrileña.

Por su parte, Robles ha pronosticado que esta ley va a "encarecer la vivienda protegida en la Comunidad de Madrid" y ha denunciado que "va en contra de la autonomía municipal", por lo que exigió su retirada, en nombre de los ayuntamientos. Fernández se ha referido a las medidas que incluye el texto para eliminar incompatibilidades de los cargos públicos, entre ellas la que posibilita que los cargos de confianza formen parte del Consejo de Administración de Caja Madrid, y ha acusado a Aguirre de tramitar con urgencia una ley "no pensando en los ciudadanos, sino en resolver la situación de cuatro o cinco personas".

Una "deslealtad institucional"

El grupo de IU en la Asamblea ha denunciado que el proyecto va a suponer al "asalto final a la sierra de hotelitos, casas rurales, picaderos y campos de golf", y ha calificado el texto de "disparate" y "engendro normativo". Para su portavoz, Inés Sabanés, va a generar un "nivel alto de desprotección del suelo rústico en zonas muy importantes de la sierra" y "enormes conflictos de competencias" entre administraciones. Además, con esta iniciativa se inicia una "tendencia presidencialista de enormes consecuencias para el parlamento madrileño" y un "periodo de rodillo del PP sin precedentes". Sabanés ha criticado también que el texto "traslade al Consejo de Gobierno nuevas competencias" y advirtió de su "impacto en la capacidad de los ayuntamientos".

En respuesta, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio

Beteta, ha afirmado que las críticas de Narbona la sitúan "al lado de los especuladores urbanísticos". Beteta ha defendido que el objetivo de este proyecto de ley es

"luchar contra la especulación urbanística" y que, si hubiera entrado antes en vigor, "hubiera evitado escándalos como los de Aldea del Fresno y Ciempozuelos". Además, ha acusado a la ministra de actuar con "deslealtad institucional" por ofrecer una rueda de prensa en la Asamblea sobre este asunto, y le ha negado el "derecho a hablar como Gobierno de España en el Parlamento regional".