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La investigación de la trama corrupta de Marbella destapa la implicación de un juez

Corrupción en los juzgados de Marbella que más han combatido la corrupción en los últimos años. El juez Francisco Javier de Urquía, titular del Juzgado número dos de la localidad malagueña, ha sido suspendido de funciones por el Consejo General del Poder Judicial como consecuencia de la causa penal abierta contra él en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por los supuestos delitos de prevaricación y cohecho.

El juez De Urquía ha tenido, según la investigación abierta sobre su trabajo, una difusa y extraña relación profesional con el presunto cerebro de la trama de corrupción municipal marbellí, Juan Antonio Roca.

La denuncia del magistrado Miguel Ángel Torres sobre su compañero de juzgado forzó la investigación interna

El Consejo General del Poder Judicial suspende al juez tras abrirle una causa penal el Tribunal Superior de Andalucía

Francisco Javier de Urquía está acusado de prevaricación y cohecho con datos del sumario contra la corrupción marbellí

El juez Miguel Ángel Torres, que ha investigado la corrupción masiva en el Ayuntamiento de Marbella y desarticulado la trama existente de concejales y empresarios corruptos, ha destapado la supuesta conducta irregular de su compañero de juzgado, el juez De Urquía.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía tendrá que determinar dónde terminaba la labor como juez de Francisco Javier de Urquía y dónde empezaba su presunta labor ilegal de ocasional asesor legal de Roca a cambio de sobornos.

La noticia sorprendió ayer al juez en la sala de vistas, donde tenía que dirigir una veintena de juicios de faltas, muchos de los cuales debieron suspenderse. Alrededor de las 12.30, De Urquía abandonaba la sede judicial por la puerta principal en mangas de camisa y sin corbata, y con el gesto muy serio pero aparentemente tranquilo. Detrás de él, una decena de funcionarios judiciales salieron del edificio para despedirle.

Francisco Javier de Urquía, en conversación telefónica posterior, aseguró estar "bien" y "tranquilo", pero declinó hacer declaraciones sobre su caso amparándose en el secreto que se ha decretado sobre la causa. "Declararé en los órganos en los que me tenga que defender", afirmó el juez suspendido, que ingresó en la carrera judicial en 1999, informa Fernando J. Pérez.

La sospecha judicial sobre la conducta del juez se cimenta en diversos aspectos:

- Escritura en manos de Roca. En uno de los registros realizados sobre las distintas dependencias y oficinas clandestinas de Juan Antonio Roca se localizó una escritura de compra de una vivienda propiedad del juez De Urquía. Este hilo permitió establecer a posteriori una conexión con imputados en esta trama de corrupción. A esto se uniría que en las escuchas policiales de la trama de Roca, el nombre del juez aparecía invocado en varias ocasiones. Todo empezó a cuadrar en torno a la identidad de un personaje que inicialmente era un misterio para los investigadores. Presuntamente, según las fuentes consultadas, este juez prestó ocasionales labores de asesoramiento a miembros de dicha trama de corrupción municipal que encabezaba Roca, si bien no directamente relacionadas con el sumario abierto por el juez Miguel Ángel Torres contra dicha red. La investigación sostiene que el juez cobró sus asesoramientos en forma de cohecho, según el informe elevado por Torres. Se da por hecho que se le realizará una exhaustiva inspección patrimonial para cotejar ingresos y gastos con el fin de evidenciar flujos o bienes que pudieran proceder de pagos ilegales.

Las conductas sospechosas que ahora se investigarán son las siguientes:

- Hacerse con el 'caso Malaya'. Dos meses antes de que estallara la Operación Malaya contra la trama de corrupción en el Ayuntamiento de Marbella, aunque ya estaba en marcha y había toda suerte de escuchas policiales en pleno funcionamiento por orden del juez Torres, De Urquía sugirió a una acusación particular que en lugar de diseminar tanta denuncia contra Roca, que presentase una sola, pero en su propio juzgado, y pudiese darle base para atacar desde su despacho a fondo la corrupción del jefe del urbanismo marbellí.

Por entonces, Roca ya era consciente de la investigación judicial/policial a que lo estaba sometiendo Torres. De Urquía, para justificar su pretensión, lo plasmó así ante dicha acusación particular: "Como no sabemos por dónde va a salir la Fiscalía Anticorrupción porque son contrarios a una causa general, tu denuncia serviría como soporte legal para abrir una investigación contra Roca, María Castañón y Raquel Escobar [asesoras de Roca] y así nos follamos para siempre a este Ayuntamiento con base en la declaración que ha hecho Jorge González", según el testimonio de la persona a la que le planteó esta oferta. De hacer cuajado la pretensión de Urquía, ambas investigaciones sobre Roca habrían chocado entre sí y tendría que haberse dirimido quién era el competente. Torres podría haber perdido la batalla. Y Roca podría haber visto neutralizado al único juez marbellí que ha sabido pararle los pies.

- Paralización de un programa de televisión.

Paralelamente, mientras De Urquía se jactaba en privado de que quería dar con los huesos de Roca en prisión, ordenó la paralización de un programa de una televisión local marbellí a resultas de una denuncia del todopoderoso asesor municipal, que entendía que el programa atentaba contra su honor y su imagen. El juez le dio la razón legal a Roca y prohibió la emisión del programa sobre la corrupción marbellí.

- Investigación del Poder Judicial.

Con el informe favorable del fiscal del Supremo Juan José Martín Casallo, se convocó de forma extraordinaria la comisión permanente que decidió por unanimidad separarlo del juzgado, informa Manuel Altozano.

El portavoz del Poder Judicial, Enrique López, señaló: "Lo que sí puedo anunciar es que los hechos están relacionados con la investigación de lo que se denomina Operación Malaya". Fuentes judiciales aseguraron que el instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, se encontró por casualidad con el nombre del juez en los informes de la instrucción de ese caso y que, al ser su compañero aforado, puso los hechos en conocimiento del TSJA, que decidió abrir la investigación. Esas mismas fuentes aseguran que los indicios de criminalidad imputados al juez son lo suficientemente consistentes como para justificar la suspensión que ayer se acordó.

La suspensión no llevará aparejada, por el momento, la apertura de un expediente disciplinario, según fuentes del CGPJ, ya que las diligencias han sido declaradas secretas. Francisco Javier de Urquía declarará en los próximos días ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJA en una comparecencia que podría celebrase hoy mismo. El Consejo decidirá en los próximos días el envío de una visita del servicio de Inspección al Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella para recabar más información sobre su titular.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de julio de 2007