Un año con puntos

El carné por puntos acaba de cumplir un año de vigencia sobre los automovilistas y sus resultados generales están en la banda moderada de lo que se preveía. Desde su puesta en vigor se han contado 500 muertos menos en la carretera que en el ejercicio anterior, y se han amortizado por infracciones varias casi un millón de puntos. Dicen las estadísticas que el rendimiento del carné en España ha sido notablemente superior al que se ha registrado en otros países, puesto que los accidentes mortales de tráfico se han reducido en mucha mayor proporción que en Irlanda, Italia o Reino Unido. Y que, por fin, los conductores españoles atienden con mayor asiduidad las exigencias mínimas, como usar el cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Las carencias principales del carné son la extrema lentitud con que se tramita la retirada de los puntos, las dificultades para seguir esa tramitación y, hasta hace bien poco, el limbo legal que socorría a los conductores que, habiendo agotado todos los puntos, seguían impunemente al volante. Los automovilistas no tienen la percepción de que sus infracciones serán sancionadas de forma rápida y eficiente; por esa razón es imprescindible resolver las sanciones y reclamaciones correspondientes de forma más rápida, administrativa y judicialmente. El Gobierno ha aprobado recientemente modificaciones legales para que el conducir sin puntos sea un delito, pero ha transcurrido casi un año sin que se haya llenado un vacío tan importante como es la situación legal del conductor sin puntos.

En este primer año de vida del carné ha habido, pues, un punto de confusión y un mucho de improvisación que podrían haberse evitado. La clarificación de algunos extremos ayudará a que aumente el respeto de los automovilistas hacia las sanciones y a que se preocupen más por el estado de su cuenta de puntos. El resultado debería ser un estímulo más acusado hacia la prudencia. Tampoco hay que olvidar que el carné por puntos y el endurecimiento de las sanciones por exceso de velocidad, conducción irresponsable o consumo de alcohol son sólo una parte, la que atañe a la responsabilidad del automovilista, de la estrategia social para reducir los accidentes.

Para que los ciudadanos acepten esa responsabilidad es necesario que las administraciones públicas acaben con las carreteras en mal estado, la señalización deficiente y los mortales pasos a nivel; que se endurezcan las condiciones para la renovación del carné de conducir y que se reforme la enseñanza en las autoescuelas.