El PP se queda solo en su pretensión de que el Gobierno muestre las actas del contacto con ETA

Al PP no le importa en absoluto que hoy todos los grupos parlamentarios le recriminen -ayer ya hubo un anticipo- por persistir en hacer del terrorismo el puntal esencial de su lucha partidaria contra el Gobierno. Y como no le importa, el debate del estado de la nación culminará hoy con la votación de todos los grupos contra la resolución del PP que exige al Gobierno que "muestre a la Cámara" el contenido de las actas que recogen las conversaciones de los enviados del Ejecutivo con ETA durante el fallido proceso de paz. "Si siguiéramos el criterio de que es mala la soledad no habría disidentes en Cuba", justificó el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, en el acto de presentación de sus resoluciones.

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Al PP no le asusta que al resto de los grupos parlamentarios les parezca un hecho grave que se presente esa resolución que sólo serviría, de aprobarse, para favorecer la estrategia de los terroristas, y para "legitimar la violencia", según el portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido. Esa censura al PP es coincidente con la que hacen el resto de los grupos. Josep Antoni Duran, portavoz de CiU, fue muy contundente al mostrar su más firme desacuerdo con esta iniciativa o cualquier otra que muestre división entre los partidos democráticos en relación con la política antiterrorista. Este razonamiento fue compartido por ERC, PNV, BNG, Coalición Canaria, BNG y Grupo Mixto, aunque fue el socialista López Garrido quien con más énfasis se cebó en la crítica al Grupo Popular. "Ustedes son desleales con el Estado y parece mentira que no aprendan con lo que les pasó el 14 de marzo" de 2004, fecha en la que perdieron las elecciones. López Garrido recriminó al PP que en su "obsesión" por hacer daño al Gobierno con el terrorismo de ETA, "han borrado" de su discurso y de su pensamiento al terrorismo islamista que mató a 191 personas el 11 de marzo de 2004.

Pero no hay desliz o improvisación en la estrategia del PP, ya que junto a la exigencia de publicación de las actas, añade otra: la derogación de la resolución de mayo de 2005 por la que se autorizaba al Gobierno a dialogar con ETA siempre que desapareciera completamente la violencia. El PP sabe que los grupos que la votaron, todos menos ellos, no aceptan revocar algo que aprobó el Parlamento y que aunque en estos momentos no tiene sentido porque ETA ha incumplido el elemento esencial, es decir, asesinó el 30 de diciembre de 2006 y ahora ha anunciado que pone fin al alto el fuego, en un futuro podría valer.

No habrá reproches a IU-ICV por presentar su propia resolución sobre el terrorismo, aunque el PSOE no la apoyará porque ha decidido abstenerse de apoyar nuevos textos sobre la lucha antiterrorista. El grupo que lidera Gaspar Llamazares ha elaborado una resolución en la que plantea que todas las fuerzas políticas elaboren una estrategia compartida frente al terrorismo.

El debate del estado de la nación culmina hoy con la votación de 81 resoluciones presentadas por todos los grupos. Entre las más relevantes figuran las siguientes:

- Estatuto de Cataluña. El PSC, a través del portavoz de los diputados socialistas catalanes, Daniel Fernández, ha conseguido que el PSOE inste al Gobierno a hacer una interpretación amplia de la cláusula del Estatuto de Cataluña que obliga al Estado a invertir en esta comunidad el equivalente a su participación en el PIB nacional, que es del 18,8%. Además, se aprobarán sendas resoluciones para el traspaso de 40 materias al Gobierno catalán.

- Aeropuertos y cercanías. Las resoluciones más concretas del Grupo Socialista se refieren a Cataluña. Se comprometen a acelerar la creación de un consorcio con la Generalitat para la gestión del aeropuerto de Barcelona y al traspaso de la gestión de las cercanías ferroviarias. El problema que anoche dividía al PSOE con los grupos de CiU, ICV y ERC estribaba en el dinero que debe acompañar este traspaso.

- Dinero para la dependencia. Se incrementarán para el

próximo año las partidas para financiar la Ley de Dependencia hasta llegar a 2.000 millones de euros y se eximirá del copago que marca la ley a las personas en situación de gran dependencia.

- Familias. La mayoría de las propuestas para política de familias se quedan en anuncios sin demasiada concreción, toda vez que irán en el programa electoral del PSOE. La ampliación a cuatro semanas del permiso de paternidad -se acaba de aprobar el permiso de dos semanas-, la ampliación progresiva para las madres; los permisos laborales; las bonificaciones a las empresas de menos de 250 trabajadores para que elaboren planes de igualdad, son algunas de las propuestas. En este apartado, tanto CiU como el PP compiten con las resoluciones del PSOE en ayudas a las familias. Hay coincidencias en el aumento de las bonificaciones por hijo, aunque lo inmediato será la entrada en vigor del anuncio del presidente del Gobierno de que cada familia reciba 2.500 euros por el nacimiento de cada hijo.

- Inmigración.

El PSOE ha pactado con IU-ICV medidas de integración para los inmigrantes, combate de la inmigración ilegal, y de ayuda a la cooperación de esos países. Todos los grupos parlamentarios también han presentado medidas para hacer más eficaz la ley contra la violencia de género.