Declaran ante el juez el arquitecto y el asesor jurídico de Alhaurín

El arquitecto municipal de Alhaurín el Grande (Málaga), Miguel Ángel Gutiérrez, y el asesor jurídico del Ayuntamiento Juan Burgos, declararon ayer por segunda vez como imputados ante el juez que instruye el caso sobre la supuesta trama de corrupción destapada en el municipio el pasado enero en la llamada Operación Troya. Ambos empleados, que siguen acusados de prevaricación urbanística, se ratificaron en su primera declaración, según fuentes municipales. La declaración de estos técnicos debía haberse celebrado el pasado 29 de junio, pero el juez se vio obligado a aplazar la comparecencia hasta ayer debido a un problema informático en el juzgado.

El titular del juzgado número dos de Coín (Málaga), Carlos Peinado, considera que algunos de los informes sobre expedientes de licencias urbanísticas emitidos por Gutiérrez y Burgos "no se adecúan a derecho". En su declaración, que duró alrededor de una hora, ambos expertos defendieron la legalidad de los informes que realizaron. Además de Gutiérrez y Burgos, en la Operación Troya están imputados tanto el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, del PP, así como veinte pequeños promotores con intereses urbanísticos en la localidad del valle del Guadalhorce. Tanto Martín Serón como Guerra acudieron ayer por la mañana a los juzgados de Coín para arropar a los dos técnicos municipales.

La Operación Troya se desencadenó el pasado 18 de enero, con la detención en Marbella de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra tras asistir a un mitin del presidente del PP, Mariano Rajoy. El grupo de Blanqueo del Cuerpo Nacional de Policía les acusa de haber exigido 121.000 euros a un pequeño promotor a cambio de no paralizarle la obra de unas viviendas construidas con una licencia supuestamente irregular. El promotor, José Burgos, grabó con ayuda de la policía el momento en que el concejal de Urbanismo le solicitaba esa cantidad, al parecer con el consentimiento del alcalde.

Secreto del sumario

Martín Serón, en libertad bajo fianza de 100.000 euros, revalidó el pasado 27 de mayo la mayoría absoluta. Dos días después de su investidura, el juez ordenó la detención de 19 pequeños promotores, que supuestamente figuraban en una lista de pagos a cambio de gestiones urbanísticas. Todos ellos están acusados de cohecho e incitación a la prevaricación urbanística, y diez tuvieron que pagar fianzas entre 20.000 y 50.000 euros. El último detenido fue el empresario Manuel Márquez, socio de la empresa Conextran, encargado supuestamente de cobrar los pagos que realizaban los promotores.

El pasado lunes, el juez Peinado decretó el levantamiento parcial del secreto de sumario, aunque ayer los imputados no habían recibido todavía las copias de las casi 750 páginas desclasificadas por el magistrado.