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El Ayuntamiento de Jaén tendrá que devolver seis millones

El anterior gobierno cobró por convenios con promotores

Ginés Donaire

El Ayuntamiento de Jaén se va a ver obligado a devolver, al menos, seis millones de euros que el anterior equipo de gobierno, del PP, cobró de manera anticipada a cuenta de la decena de convenios urbanísticos suscritos con promotores de obras. Estos acuerdos estaban vinculados al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), cuyo contenido va a modificar el actual gobierno municipal de PSOE e IU.

Contraviniendo la normativa urbanística, el equipo del ex alcalde popular Miguel Sánchez de Alcázar empleó el dinero en financiar obras de infraestructura en la recta final del anterior mandato.

La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, ya advirtió, antes de las pasadas elecciones, de que los convenios urbanísticos suscritos por el Consistorio jiennense "no vinculan" al Gobierno andaluz, y recordó que la ley establece que los ayuntamientos no pueden percibir ninguna compensación económica por convenios que aún no se hayan traducido a un plan urbanístico aprobado por la Junta.

En el caso de la capital jiennense, el nuevo PGOU tiene sólo aprobado su avance -no se aprobó provisionalmente por las diferencias internas surgidas entre varios concejales del PP-, pero el actual equipo de gobierno que preside la alcaldesa Carmen Peñalver ya ha anticipado que se revisará el plan urbano sobre la base de un plan estratégico que diseñe el futuro de la ciudad para los próximos 12 años.

Ese cambio de rumbo en la política urbanística va a provocar que el Ayuntamiento se vea obligado a devolver lo cobrado por el anterior gobierno municipal. Los populares aprobaron a finales de 2005 al menos una decena de convenios urbanísticos, lo que, además de recalificar de una manera importante el valor de los terrenos privados, permitió al área de Urbanismo cobrar por adelantado el 10% de la cantidad que, según la ley, le correspondía ingresar a los entes locales en concepto de cesiones y de contribución a sistemas generales, que era el 10% del nuevo valor del suelo.

La única alternativa para no tener que devolver el dinero pasa por incluir los suelos recalificados en el futuro PGOU, algo que se antoja bastante improbable a la vista de las críticas vertidas por la oposición del PSOE e IU, que censuraron el "oscurantismo" de esos acuerdos con distintos promotores de obras.

Tanto el PSOE como IU advirtieron durante la pasada electoral que esos convenios urbanísticos iban a "hipotecar" a la nueva Corporación jiennense, cuya situación económica es "bastante mala" e inmersa en el "desorden", tal y como la ha calificado la alcaldesa, Carmen Peñalver.

El PSOE pidió al anterior alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar, que certificara el destino del dinero cobrado a cuenta de los convenios, al sospechar que el equipo de gobierno popular estaría vulnerando la Ley del Suelo de Andalucía por financiar obras de infraestructura con los ingresos derivados del patrimonio municipal del suelo que, según la legislación, sólo pueden destinarse a una cuenta específica para vivienda protegida y suelo.

El anterior edil de Urbanismo, Manuel Peragón (PP), se defendió diciendo que esos acuerdos "no dejan de ser un contrato personal" y añadió que los entes locales están facultados para aprobarlos. Además, el ex concejal jiennense censuró el "excesivo intervencionismo" del Gobierno andaluz y dijo que la anulación de estos convenios sería una "agresión a la autonomía municipal".

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