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Reportaje:

31 años y 88 muertos después

La Guardia Civil da por aniquilada la estructura 'militar' de los GRAPO, el grupo terrorista nacido en octubre de 1975

"Podemos dar por desaparecido el grupo en su estructura militar", afirmó hace unas tres semanas el ministro del Interior, Alfredo Pérez-Rubalcaba, tras la detención del último comando de los GRAPO. Ochenta y ocho muertos después de su bautismo de sangre, el Gobierno da por desmantelada a esta organización terrorista. Pero Rubalcaba admite que es una afirmación "arriesgada" debido a la capacidad de "resurgimiento" demostrada por los grapos a lo largo de sus más de 30 años de existencia.

Los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (GRAPO) nacen como tal organización en octubre de 1975 con el asesinato de cuatro policías en Madrid. Y la muerte de Ana Isabel Herrero, esposa del empresario Francisco Colell, el 6 de febrero de 2006 en Zaragoza, es el punto final a la historia sangrienta de este grupo terrorista. Entre un atentado y otro median 31 años, 88 muertos, tres secuestros, dos activistas fallecidos por una huelga de hambre y otros 16 muertos en enfrentamiento con la policía o la Guardia Civil. Todo ello, desde su fundación por Manuel Pérez Martínez, Camarada Arenas, un gurú del Partido Comunista de España (reconstituido), los GRAPO y grupúsculos afines.

"Si este grupo quiere volver a reestructurarse, tendrá que partir de cero", afirma un oficial

"Es la primera vez que se ha desmantelado todo. Todo lo que componía la estructura clandestina de la organización está fuera de combate. Otras veces se había desarticulado la cúpula, el comité político, los comandos armados... Pero ahora, gracias a todas esas operaciones precedentes, podemos afirmar que los GRAPO han sido desbaratados. Naturalmente, quedan libres los familiares y los simpatizantes. Por eso, si quieren volver a reestructurarse tendrán que partir de cero". Lo dice así de tajante un oficial de la Guardia Civil, cuya Unidad Central Especial 2 (UCE-2) ha sido la encargada de asestar el golpe definitivo hace tres semanas: la detención en Barcelona de Israel Clemente, de 36 años, Jorge García, de 37, y Lucio García Blanco, de 56 años, que supuestamente formaban el único comando operativo. Junto a ellos fueron arrestados Manuel Arango Riego, de 60 años, Isabel María Aparicio Sánchez, de 53, y José Francisco Cela Seoane, de 50, militantes del PCE(r), el presunto brazo político de los GRAPO.

El PCE(r), a través de su página habitual www.antorcha.org, ha difundido un comunicado titulado Pintan bastos en el que afirma: "[el Gobierno] ha asegurado que se trata del último de los comandos, que nos han liquidado, que ya no queda nadie, etcétera. Lo de siempre. El ministro de turno, en este caso el galoso Rubalcaba, miente". Y prosigue: "Como vanguardia comunista, el PCE(r) no se compone únicamente de militantes organizados de manera clandestina". Y, al referirse a la reciente detención de sus militantes en Barcelona explica que "son comunistas con más de 30 años de lucha clandestina y por eso su detención es un golpe muy importante contra nuestro partido, que no dispone de muchos militantes clandestinos ni tampoco de esa dilatada experiencia". Y con su habitual tozudez y fanatismo anuncia: "Si somos 100, lucharemos como 100; si somos 10, como 10; y cuando sólo quede uno también seguirá luchando en solitario por impulsar la lucha de clases y la resistencia antifascista".

La Guardia Civil ha comprobado que el último comando desarticulado tenía 24.000 euros procedentes de un atraco perpetrado en una oficina de Cajamar en Murcia el 7 de marzo pasado, así como tres revólveres, una pistola del calibre 6,35, disquetes de ordenador y planes sobre futuros atentados. "Pensaban seguir realizando acciones económicas (atracos a bancos y a empresarios) y atentados de tipo político. Algunos de éstos los tenían muy trabajados y listos para ejecutar", comenta un oficial de la Guardia Civil, que rehúsa concretar qué personas estaban en el punto de mira del grupo terrorista.

Las últimas investigaciones han permitido saber que los GRAPO habían establecido en Francia su particular santuario y que allí estaban haciendo pruebas con pólvora, azufre y otros productos para fabricar bombas.

En las cárceles españolas hay hoy 43 presuntos grapos y en Francia hay otros cuatro. En total, 47 personas. ¿Pero cuántos militantes han integrado esta organización y su entramado a lo largo de sus más de 30 años de actividad? La Guardia Civil lo desconoce, pero calcula que pudieran haber sido entre 250 y 300 hombres y mujeres. Entre ellos están los que perpetraron acciones tan audaces como el secuestro de Antonio María de Oriol y Urquijo, presidente del Consejo de Estado, el 11 de diciembre de 1976, y un mes después el secuestro del teniente general Emilio Villaescusa Quilis, presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar. Ambos permanecieron cautivos hasta que la policía les liberó el 11 de febrero de 1977, poniendo fin así a una situación política y social que hizo tambalear los débiles cimientos de la incipiente transición a la democracia.

¿Podrían volver los GRAPO a reconstituirse algún día por enésima vez? "Creemos que no. Pero si lo hacen, aquí estaremos esperándoles. Porque nosotros no hemos sido desmantelados", concluye con evidente sorna un mando de la Guardia Civil.

Ni una palabra de Publio Cordón

"Los GRAPO lo apuntan todo. Si un militante compra un bollo, lo anota en la contabilidad. Hacen autocríticas de todas sus acciones y así es posible reconstruir todas sus acciones. Pero, en cambio, no hemos encontrado jamás ni una sola palabra sobre el secuestro de Publio Cordón. ¡Ni una palabra! Es un asunto que tienen borrado. ¡Y eso que nosotros y el Cuerpo Nacional de Policía hemos detenido a todos los que podían saber algo! Lo único que admiten es que hubo un problema con este asunto. ¿Pero qué problema?". Un oficial del Servicio de Información de la Guardia Civil admite que tenía esperanza de aclarar el misterioso y preferente caso Publio.

El empresario Publio Cordón Munilla, presidente de Previasa y del grupo hospitalario Quirón, fue secuestrado el 27 de julio de 1995 a la salida de su casa de Zaragoza. La familia pagó un rescate de más de 300 millones de pesetas. Pero el empresario jamás ha vuelto a ser visto ni vivo ni muerto, aunque Fernando Silva Sande, dirigente de los GRAPO encargado de su custodia, mantiene que lo dejó libre. Silva, actualmente preso en Francia, está pendiente de ser extraditado para juzgarlo en España por este asunto.

"En unos documentos que incautamos en 2000 sólo hay una leve referencia a Publio Cordón. Dicen que hubo 'un problema', pero no explican cuál. Si los GRAPO lo hubieran liberado, lo habrían dicho y demostrado", opina el mismo guardia civil.

El caso Publio fue una piedra angular en las conversaciones mantenidas entre el grupo terrorista y el Gobierno de José María Aznar en 1996 encaminadas a lograr la disolución del grupo terrorista. Aquellos contactos, que fracasaron, tampoco aportaron ninguna luz para aclarar el enigma.

No es el único asunto oscuro de esta organización. Por ejemplo, jamás ha admitido -la policía no entiende por qué- la autoría del atentado con bombas cometido el 26 de mayo de 1979 en la cafetería California 47, en la calle de Goya de Madrid, donde hubo 9 muertos y 61 heridos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de julio de 2007

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