El PP rompe el consenso sobre el gallego que defendió con Fraga

La norma que regula el uso del gallego en las aulas entra hoy en vigor con el PP dándole la espalda. Los populares han retirado el apoyo que brindaron en febrero pasado al decreto de galleguización de la enseñanza, que establece que al menos la mitad de las asignaturas se impartan en el idioma de Galicia. Cuatro meses después de llegar a un acuerdo con el PSOE y el BNG, acusan al Gobierno bipartito gallego de violar los derechos de los castellanohablantes.

El PP afirma que obligar a que al menos el 50% de las clases se impartan en gallego sin poner un máximo es "abrir la puerta a un modelo monolingüista que empobrece la educación". Los populares dan así marcha atrás al beneplácito que le dieron a esta máxima no sólo en el pacto que firmaron en febrero, sino también en 2004, cuando siendo presidente de la Xunta Manuel Fraga, aprobaron el Plan de Normalización Lingüística.

La portavoz parlamentaria del PP en temas de educación, Manuela López Besteiro, sostiene que no fijar un tope de asignaturas impartidas en gallego y obligar "con carácter general" a que los escolares usen en estas materias el idioma de Galicia en exámenes y trabajos conculca "los derechos lingüísticos de los alumnos y de los padres". López Besteiro acusa al bipartito de violar la Constitución, aunque admite que su partido no se ha planteado presentar un recurso contra el decreto. "No estamos aquí para establecer una confrontación", asegura.

El PP argumenta que el borrador de decreto que acordaron los tres grupos parlamentarios en febrero ha sufrido "cambios sustanciales". López Besteiro pone como ejemplo el hecho de que los alumnos tengan que usar el gallego en los exámenes y trabajos de asignaturas impartidas en esta lengua cuando antes el texto se limitaba a "promover" su empleo.

La consejera de Educación, Laura Sánchez Piñón, no entiende el cambio de postura de los populares. Sostiene que las modificaciones fueron aportadas por el Consejo Escolar de Galicia, por el Consejo Consultivo y por los tres partidos con el fin de "mantener el consenso" y no alterar el "espíritu" del pacto entre PP, PSOE y BNG. Sánchez Piñón insiste en que la versión del decreto aprobada por el Gobierno gallego recoge aún más garantías para evitar que se violen los derechos lingüísticos, por lo que no teme ninguna impugnación legal. "No tenemos ningún informe jurídico que diga que se conculcan derechos constitucionales", sostiene.

Sobre la obligación de los alumnos a utilizar el gallego en los exámenes y trabajos de las asignaturas que se impartan en esta lengua, la consejera considera que la expresión "con carácter general" garantiza el respeto a los derechos de los estudiantes. Se ampara en un informe de 1997 del Consejo Consultivo de Galicia, el órgano autonómico al que se aferra también el PP.

En aquel dictamen, esta entidad creada por Fraga consideró que la fórmula "con carácter general" es "la más adecuada para mantener la cooficialidad de los dos idiomas", sostiene la responsable de Educación. La consejería asegura además que los populares sí estaban informados de que se iba a introducir esta expresión antes de firmar el acuerdo de febrero.

El diputado nacionalista Bieito Lobeira coincide con Sánchez Piñón en que "no existe ninguna fundamentación objetiva que justifique esta situación" y achaca la ruptura del consenso a "razones políticas e ideológicas".

"El PP se alía con los sectores más ultraderechistas y antigallegos", afirma Lobeira. Y añade: "Quien está tomando las riendas del PP de Galicia son Jiménez Losantos, Rajoy y Zaplana. Desde Madrid les han dicho que ese acuerdo no vale".

Las asociaciones de padres de centros públicos apoyan el contenido del decreto, mientras que las de los colegios privados lo rechazan.