El Senado de EE UU rechaza de nuevo la ley de inmigración de Bush
El Senado de Estados Unidos bloqueó ayer la reforma de la ley de inmigración apoyada por el presidente George W. Bush y por los líderes demócratas en el Congreso, que sufren así un sonoro fracaso en un proyecto de crucial importancia. Los defensores de esta nueva ley se quedaron 14 votos por debajo de los necesarios para contentar las aspiraciones de un presidente cada vez más debilitado.
Junto con las de Bush, se quebraron las esperanzas de 12 millones de inmigrantes indocumentados que han perdido, de momento y quizá por mucho tiempo, la posibilidad de regularizar su situación.
Sesenta votos eran los requeridos para poner fin al debate sobre esta reforma y pasar a su votación final. Así, los partidarios de la ley se aseguraban de que no se usara la técnica conocida como filibusterismo, según la cual se debate durante interminables horas para tumbar una propuesta. Al final, la reforma cayó del orden del día, consiguiendo sólo 46 votos favorables. Treinta y siete republicanos y 15 demócratas votaron en contra.
Una votación con resultados similares tuvo lugar hace tres semanas. Entonces se dio la ley por muerta, pero el líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, Harry Reid, la recuperó y le dio a sus detractores más tiempo para proponer enmiendas. Pero ni las drásticas enmiendas aceptadas han salvado la ley. "Es algo descorazonador", comentó. Bush apareció ante los medios en Newport, instantes después de conocerse el resultado. "Hemos trabajado muy duro para encontrar un terreno común", dijo con semblante serio. "No ha funcionado".
Llamadas telefónicas
Ni siquiera las llamadas al orden dentro de su partido le han servido a Bush. Durante el miércoles por la noche y el jueves por la mañana él mismo hizo llamadas a senadores, intentando venderles las bondades de su propuesta, según reveló ayer Scott Stanzel, uno de los portavoces de la Casa Blanca.
La mayoría de senadores considera que esta reforma es una amnistía encubierta, una legalización masiva para los 12 millones de inmigrantes que han cruzado la frontera ilegalmente o se han quedado en el país más allá de lo permitido por sus visados.
Según este proyecto, los inmigrantes que quisieran recibir papeles deberían salir primero del país y pagar multas de hasta 10.000 dólares (7.400 euros) para poder recibir visados legales por un periodo inicial de tres años. Se instauraría además un sistema de puntos para obtener la ciudadanía estadounidense que prima la cualificación laboral de los aspirantes sobre la reagrupación familiar.
El resultado es un revés para las asociaciones de inmigrantes, que en principio calificaron la ley de demasiado restrictiva. "Ya no se puede beneficiar nadie de esta situación", comentaba ayer Rosa Rosales, de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. "No nos queda esperanza". Estas agrupaciones saben que ya no se tocará el tema de la reforma migratoria hasta que hayan pasado las elecciones presidenciales del año 2008.
