Los dos archipiélagos

La especiosa distinción entre las soluciones jurídicamente legales y las fórmulas -además- democráticamente legítimas aplicadas a los problemas políticos susceptibles de respuestas diferentes suele ser un ardid argumental empleado o rechazado de manera instrumental por los partidos según los intereses que defienden en cada caso. Las alianzas de gobierno tras unas elecciones que no hayan puesto sobre el pavés a un inequívoco ganador por mayoría absoluta son materia propicia a ese tipo de debates: el tono altisonante de las cuestiones de principio utilizado por la formación que cruza primero la línea de llegada -aun sin lograr el 51% de los escaños- para justificar su derecho a ocupar el poder es abandonado en favor de la lógica del pluralismo tan pronto como la suerte sonríe a su principal adversario en la carrera hacia las urnas.

Esa capacidad casi histriónica de los portavoces de los partidos para lanzar con el mismo celo catilinarias de contenido diametralmente opuesto -en función de que se sientan beneficiados o perjudicados por la política de alianzas distribuidora del poder- ha tenido oportunidad de manifestarse con todo su esplendor tras los recientes comicios del 27-M. En el terreno municipal, los ejemplos son tan abundantes que su cita pormenorizada ocuparía un listín telefónico; el mapa autonómico permite mostrar la aplicación de esa doble vara de medir con mayor economía. El PP logró la mayoría absoluta parlamentaria en 5 de las 13 comunidades cuyas asambleas fueron renovadas el pasado 27-M: Murcia (58,5% de los votos válidos emitidos), Madrid (53,3%), Valencia (52,2%), Castilla y León (49,4%) y La Rioja (48,7%). Por su lado, el PSOE obtuvo ese tipo de refrendo que acaba con cualquier discusión posible en Extremadura (52,9%) y Castilla-La Mancha (51,9%). En la tierra de nadie quedaron los seis territorios restantes, repartidos a medias entre los dos grandes partidos -con o sin marcas locales- de ámbito estatal: mientras los socialistas alcanzaron la mayoría simple en las asambleas de Asturias (41,5%), Aragón (41,1%) y Canarias (34,7%), los populares conseguían la victoria relativa en Baleares (46,0%), Navarra (42,3%) y Cantabria (41,5%).

A la vista de los resultados del 27-M, el presidente del PP propugnó con carácter general el otorgamiento de la presidencia autonómica a la candidatura más votada: el cambio de Baleares por Canarias era el subtexto del mensaje. Teorizada la propuesta como un principio ético-político de sumisión a la voluntad popular, las motivaciones pragmáticas de esa pretensión resultan obvias. Desde la refundación de Alianza Popular en 1989, las candidaturas del partido conservador han venido consiguiendo el anhelado pleno de los votos potenciales de la extrema derecha, la derecha y el centro-derecha que les permite alcanzar la mayoría relativa -cuando les falla la absoluta- en buen número de circunscripciones. Perjudicados los populares por las intemperancias verbales y el energumenismo apocalíptico de que han hecho gala sus portavoces a lo largo de esta legislatura, los socialistas disponen de una capacidad superior de coalescencia con otros partidos. Aunque la luna de miel entre Aznar y Anguita permitió a los populares boicotear en 1995 la continuidad de los ayuntamientos de izquierda, el PP ha visto frenados en seco sus acercamientos a IU desde la llegada de Llamazares.

En teoría, las alianzas de los populares con los nacionalistas deberían ser nefandas. Sin embargo, la decisión del PP de entregar a Coalición Canaria (CC) la presidencia del archipiélago atlántico a cambio de participar en el Gobierno no sólo implica una oportunista renuncia al sagrado principio de la lista más votada: los populares deberán tragarse además su empecinado boicoteo a la reforma del Estatuto de Canarias. Por lo demás, el entendimiento del PP con CC pone de relieve que la tremolante retórica españoleadora -a lo Federico García Sanchiz- de sus portavoces está sólo dirigida al macizo de la raza. No es una novedad: los militantes del PP que coreaban el detestable pareado ¡Pujol, enano, habla castellano! la noche de las elecciones de 1996 recibirían la sorpresa de que Aznar fuera investido presidente del Gobierno con los votos de CiU, PNV y CC: el mismo escenario con que sueña Rajoy si no logra la mayoría absoluta en las próximas generales.