Para que la Universidad investigue

En fechas recientes, y a iniciativa del grupo socialista, el Parlamento vasco aprobó una propuesta para impulsar la investigación en las universidades vascas. En ella, se insta al Departamento de Educación a elaborar un plan de refuerzo y ampliación de los grupos de investigación emergentes, consolidados y de alto rendimiento; y se incluyen también acciones para la contratación de jóvenes investigadores, al amparo de las figuras de la ley. Se trata, así, de empezar a hacer frente, con acciones concretas, a una insuficiencia estructural que aqueja al Sistema Vasco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Y es que la investigación que se hace en la UPV/EHU tiene un peso muy inferior al que debería corresponderle respecto al gasto total en I+D+i en Euskadi.

Estamos creando sistemas para traer investigadores de fuera (con Iberbasquet)y nos olvidamos de los propios

En efecto, la universidad pública realiza aproximadamente el 93% de la investigación básica que se hace en nuestra comunidad autónoma, pero únicamente ejecuta en torno al 16,3% del gasto total en I+D+i, lo que representa un 0,23 % de nuestro PIB. Algo más (un 18, 75% y un 0,27 de PIB), si se incluyen también en el gasto las universidades privadas (Deusto y Mondragón). Lo cual significa que, aunque el gasto en investigación en Euskadi es superior a la media española en porcentaje de PIB, en investigación universitaria se sitúa claramente por debajo de esa media, que es del 0,30 %.

El sector privado se lleva, pues, la parte del león y, además, con criterios muy selectivos. Porque el Gobierno vasco, con dinero público, se dedica a mimar, desde el Departamento de Industria, a empresas o centros tecnológicos promovidos por influencias políticas en campos científicos cuya repercusión en el sector productivo es casi nula o muy escasa. Y mientras, los sectores industriales que soportan la economía, reciben menos del 30% del gasto público en I+D. La desproporción, pues, resulta evidente. Por cada euro gastado en el ámbito universitario, más de cinco euros se ejecutan fuera de la universidad, donde la ausencia generalizada de doctores impide garantizar la calidad de cualquier proyecto de investigación.

No es extraño, por ello, que la UPV pierda influencia y, de haber estado entre las seis primeras universidades españolas hace 20 años, haya pasado a ocupar un lugar medio, según el informe de la Fundación Funseco. Como no lo es tampoco que nuestros grupos de excelencia sean más una amalgama de investigadores para configurar un número mínimo, que un grupo trabajando en común sobre el mismo tema. A la espera, por otra parte, del II Plan Universitario, en prórroga desde el año 2003, tampoco podemos incorporar nuevos grupos o líneas de trabajo a las convocatorias anuales para grupos consolidados. Algo que fuerza a muchos de éstos a concurrir a convocatorias destinadas a grupos de menor nivel, con la consiguiente desestructuración del tejido investigador.

La administración vasca no activa tampoco grupos de investigación. Ni siquiera se ha publicado la convocatoria para estos grupos en el año 2006, que ha tenido que prorrogar la dotación de 2005, lo que ha impedido a los departamentos universitarios asumir nuevos compromisos en investigación. Y la convocatoria de abril de 2007 no se resolverá hasta septiembre, con dos tercios del curso académico vencido.

Estamos, además, creando sistemas para traer investigadores de fuera (con Iberbasquet) y nos olvidamos de los propios. De los traídos con las becas Ramón y Cajal; del resto de estudiantes vascos brillantes que no pueden acceder a una beca postdoctoral y sencillamente se van, empobreciendo al país y desperdiciando toda nuestra inversión en términos de conocimiento. Y, para completar el panorama, hay que señalar también que apenas acudimos a las convocatorias nacionales en busca de recursos públicos, seguramente por un exceso de doctrinarismo. Lo que nos sitúa en clara desventaja frente a otras comunidades autónomas con más visión de futuro.

Por ejemplo, frente a Cataluña. Entre 2001 y 2006, Cataluña ha incorporado a sus universidades y centros de investigación 600 investigadores, mediante el Programa Ramón y Cajal. El País Vasco ha incorporado tan sólo a 45 (cuando, en relación con nuestro peso demográfico, podríamos haber contratado a 200). Y mientras Cataluña, entre 2005 y 2006, ha negociado con el Ministerio de Educación y Ciencia un total de 144 plazas al amparo del programa 13, el Gobierno vasco, decidió en 2005 no participar y en 2006 acordó únicamente dos plazas. Teniendo en cuenta, finalmente, que el ministerio dota a cada una de estas plazas con 130.000 euros para tres años, lo que Cataluña ha sabido acordar supone para esta comunidad 18,7 millones de euros, que es muy superior a los 260.000 euros que recibe Euskadi por este concepto.

Éstos son los resultados de una política que trata de justificar todas sus carencias por el fácil recurso de achacarlas a la transferencia pendiente, de acuerdo con una determinada interpretación del Estatuto de Autonomía. Una política volcada obsesivamente en la investigación "propia", que es absolutamente irreal en el contexto de un mundo globalizado. Un mundo en el que España se ha quedado pequeña y, consciente de sus limitaciones, apuesta decididamente por el VII Programa Marco Europeo, en el que se insertan proyectos de tal envergadura para Euskadi como la eventual instalación de un Centro de Gran Ciencia en Vizcaya. Se impone, pues, una rectificación de fondo. Y esperamos que la proposición que el Parlamento vasco aprobó ayude al Gobierno vasco a rectificar. Los socialistas vamos a estar muy pendientes de esta cuestión, que afecta de manera decisiva a nuestro futuro como país.

Isabel Celaá es portavoz socialista de Educación y Cultura del Parlamento vasco