Fomento asegura que la insumisión municipal no ralentizará las obras de la 'Y'

La oposición de la izquierda abertzale a la construcción de la Y ferroviaria empieza a tomar cuerpo a medida que las obras se van haciendo realidad. La forma más gráfica de esa oposición es la presión que ejercen los radicales para impedir los trámites burocráticos de las expropiaciones de tierras por donde va a discurrir la línea de alta velocidad. Esta semana han sido dos consistorios alaveses, los de Legutiano y Arrazua-Ubarrundia, los que han tenido que suspender el acto en el que los dueños de los terrenos expropiados iban a firmar el documento. En el caso de Legutiano contó con el agravante de que el nuevo alcalde, Pedro Pedro Julián Berriozabal, de EA, también se negó a firmar las actas en su condición de testigo, lo que directamente obligó a suspender la sesión. En Arrazua-Ubarrundia, donde gobierna el PNV, fue el acoso de los radicales el que obligó a su primer edil a aplazar la firma.

Berriozabal es el primer alcalde que se niega a firmar, ya que las obras aún no han comenzado en el corredor guipuzcoano, donde el Gobierno vasco tiene la competencia y previsiblemente se concentrarán los mayores problemas. La actitud de este primer edil puede ser un indicativo de la cascada de insumisiones municipales que le aguardan al Ministerio de Fomento, máximo responsable de toda la infraestructura. Sin embargo, fuentes de Adif, el gesto de infraestructuras ferroviarias dependiente de Fomento, aseguran que esa posible insumisión no va a ralentizar la construcción de la línea de alta velocidad y, mucho menos, paralizarla. "No estamos preocupados por una posible paralización porque, de momento, sólo están tratando [los radicales] de impedir que se lleven a cabo una serie de actos burocráticos. Si en la primera convocatoria no se pueden firmar las actas de expropiación, como ha ocurrido en los ayuntamientos de Álava, se va a una segunda convocatoria y listo", zanja un portavoz de Adif.

En la experiencia que tiene Adif en la construcción de otras líneas de alta velocidad en el resto de España no figura la suspensión de una segunda convocatoria. "Si el alcalde no quiere firmar se puede recurrir a otro representante institucional, como, por ejemplo, el subdelegado del Gobierno. Hay solución para esa hipótesis, pero hasta ahora nunca nos ha ocurrido un segundo rechazo", añade dicha fuente.

Los responsables de Adif no esperan que se radicalice la situación y por ahora sólo se afanan en buscar una solución al problema que ha surgido. "Teniendo en cuenta que en agosto no se convocan actos para firmar las actas de expropiación, habrá que realizar la segunda convocatoria cuanto antes o trasladarla a septiembre", apuntan.

Sorpresa en el Ejecutivo

El Gobierno vasco ha recibido con sorpresa el hecho de que el primer alcalde que se niega a firmar sea de EA, socio en el Ejecutivo y un partido que oficialmente no había mostrado ninguna oposición a la Y similar a la que mantiene el otro socio del tripartito, Ezker Batua, que sólo gobierna en una localidad en Euskadi (en Álava), por la que no pasará el trazado. Otra cosa puede ser de puertas adentro, entre algunos cargos públicos, especialmente alcaldes del partido que preside Begoña Errazti.

La vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, ha sido la primera en salir al paso y pedir a EA que reconduzca a sus ediles díscolos para que la oposición a la mayor infraestructura jamás proyectada en el País Vasco no se extienda como una mancha de aceite.

Tras las elecciones municipales del pasado 27 de mayo, 18 municipios de los 47 por los que pasará el trazado de la Y han caído en manos de ANV y de agrupaciones electorales independientes hostiles a esa infraestructura. Fuentes del Departamento de Transportes insisten en que ningún ayuntamiento puede impedir las obras y recuerdan que el proyecto ha sido declarado de interés general, está catalogado como prioritario por la Unión Europea y cuenta "con toda la legitimidad democrática" al ser respaldado tanto por el Parlamento vasco como por las juntas generales de los tres territorios, "órganos elegidos por los votos de los ciudadanos y donde reside la soberanía popular", recalcan.

La mayoría de estos 18 municipios se ubican en Guipúzcoa, donde las primeras obras están previstas para el próximo otoño. Los problemas que pueden plantear los consistorios son de orden burocrático, intentando ralentizar al máximo el proceso de expropiación de fincas. "Puede ser engorroso, pero en ningún caso pueden poner en peligro el desarrollo de las obras", señalan dichas fuentes. Otra cuestión es que la oposición pase a mayores y la izquierda abertzale trate de crear un escenario similar al que se vivió en los años noventa con la autovía de Leizaran.

La oposición frontal a la Y supone una ocasión para que la izquierda abertzale tome la iniciativa política y, a la vez, trate de destapar contradicciones en otras formaciones nacionalistas, como ha ocurrido en Legutiano, cuyo alcalde de Eusko Alkartasuna se marchó del salón municipal gritando: "No voy a firmar estas actas porque estoy en contra del TAV [Tren de Alta Velocidad]. ¡Gora Euskadi!"