El juez que puso firmes a los bancos

Los jueces no suelen tener por costumbre irritar a los grandes bancos, pero no ha sido ese el caso de Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya. Algunos documentos desclasificados del sumario revelan cómo, durante unos días, el juez Torres puso contra las cuerdas a tres de las principales entidades bancarias del país: La Caixa, BBVA y Bankinter. En algunos casos, el juez amenazó con registrar sus sedes centrales, precintarlas mientras durase dicho registro y enviar una comunicación negativa al Banco de España. El dispositivo policial para cumplir dicha amenaza estuvo preparado en Madrid durante 48 horas.

El pulso contra BBVA y Bankinter comenzó el pasado 23 de enero. Aquel día, tras recibir un informe de la policía quejándose de incumplimientos de ambas entidades a la hora de ofrecer la información requerida (sobre 233 cuentas bancarias en el caso del BBVA y sobre 48 en el de Bankinter), el juez entró en acción y dictó sendos autos. El juez no ahorraba calificativos en sus escritos y empleaba en ambos casos el mismo redactado: "La situación es especialmente grave y lamentable en el caso de la entidad que se ha destacado sobremanera a la hora de burlar y hacer oídos sordos a los oficios judiciales (...). Resulta imposible tolerar por más tiempo la actitud obstruccionista de la entidad bancaria y este incumplimiento y desobediencia a la administración de Justicia". El juez tachaba de "clara actitud obstruccionista" el comportamiento del banco y dirigía un oficio a cada consejero delegado para que cumplieran "en el acto" con la información reclamada por la policía bajo amenaza de "delito de desobediencia" y "registro de la entidad bancaria previo precinto de la misma". Terminaba afirmando que "una vez se levante el secreto de las actuaciones", remitiría copia del auto y del informe de la policía al Banco de España.

Un operativo policial estuvo preparado 48 horas para registrar las sedes de los bancos

La misiva del juez puso en estado de alerta a los servicios jurídicos de ambos bancos. Un alto cargo de uno de ellos hubo de desplazarse urgentemente desde Estados Unidos. Durante el fin de semana del 26 y 27 de enero, la actividad en las sedes centrales de Bankinter y BBVA resultó fuera de lo normal. Así, el director de los servicios jurídicos de Bankinter declaraba en un acta que "más de 40 personas han estado trabajando con importantes costes de tiempo, recursos informáticos y dedicación en tiempo personal para poder obtener la información necesaria". A las cuatro de la mañana del día 29 de enero, dos personas, un inspector de policía y un subinspector de la Agencia Tributaria, pasaron por la sede de Bankinter para recoger la información.

Casi un calco de lo anterior sucedió a las seis de la tarde del domingo día 28. Entonces, era el jefe de los servicios jurídicos del BBVA quien manifestaba que "desde las 15 horas del viernes 26 a las 15 horas del domingo 28" habían trabajado para cumplir con los deseos del juez "47 personas del área de Tecnología y Operaciones de la entidad".

Una vez recibida la información, el juez dictó sendos autos en los que afirmaba que ambos bancos no habían actuado de mala fe y corregía en cierto modo su exceso verbal anterior. "No puede concluirse que haya existido una actuación incumplidora a sabiendas", decía el juez, "ni que esta entidad se haya comportado de forma obstruccionista con esta investigación, mostrando una actitud de colaboración con el juzgado". Asimismo, el juez comunicaba que no enviaría ninguna nota al Banco de España.

Lo sorprendente es que ambos autos "exculpatorios" siguen bajo secreto de sumario. ¿Por qué el juez no los ha desclasificado? ¿Por qué ha prohibido a ambas entidades hacerlos públicos? Las interpretaciones son diversas. En unos casos, hay quienes consideran que el juez se había excedido y que empieza a tener comportamientos de un juez estrella, por lo cual trata de retrasar el conocimiento de unos autos en los que pone el freno sobre sus anteriores manifestaciones. Otras interpretaciones alaban la conducta del juez "que ha logrado poner firmes a los bancos".

Un tercer episodio llegó dos meses después, en marzo, y en este caso tuvo como protagonista a La Caixa, en cuya sucursal de la localidad murciana de Los Alcázares familiares de Roca habían cobrado varios premios de lotería en un margen de tiempo muy corto y por más de un millón de euros. El director de la sucursal era cuñado de Roca. El juez hizo suyo un informe policial que acusaba a la entidad bancaria de no informar a las autoridades (en este caso el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, Sepblac) de esta situación a sabiendas de que, ya por entonces, Roca estaba detenido, e imputó directamente a un alto empleado del banco al que llamó a declarar al juzgado. La Caixa se defendió afirmando que ya había realizado una auditoría interna sobre el caso, que se había despedido al cuñado director y que había informado de ello, pero no al Sepblac porque el caso estaba judicializado.