Aprobada la ley que acaba con el anonimato de las tarjetas prepago de móvil

No es, oficialmente, una medida de política antiterrorista, aunque parece hecha a medida. El Congreso apoyó ayer, con la abstención del PP y el apoyo del resto de grupos, el proyecto de ley de Conservación de Datos relativos a las Comunicaciones Electrónicas. Cuando entre en vigor -aún debe ser ratificado por el Senado-, los usuarios de móvil con tarjeta prepago dejarán de ser anónimos: las operadoras estarán obligadas a registrar sus datos (nombre, dirección, teléfono, pero no los contenidos de las conversaciones), conservarlos durante 12 meses (prorrogables a un máximo de dos años) y cederlos a la policía si los necesita para la investigación de delitos "graves".

Las bombas que estallaron en los trenes de Madrid el 11-M fueron detonadas con móviles activados con tarjetas prepago, es decir, sin contrato con la operadora y, por tanto, sin que en ningún sitio figurase la identidad del comprador. En otros delitos, como los de narcotráfico, también es habitual el uso de móviles de usar y tirar para dar instrucciones.

La primera redacción de la ley, anunciada por el Gobierno en marzo, excluía del control a los usuarios que hubieran comprado tarjetas prepago antes de la entrada en vigor de la normativa (21 millones de clientes). Ese matiz ha sido eliminado: la obligación de conservar los datos se aplicará a todos los usuarios; eso sí, esos 21 millones de clientes actuales tendrán dos años para identificarse.

La cesión de los datos a la policía -siempre con autorización judicial- no sólo afecta a las llamadas y mensajes de móvil: también a las comunicaciones por teléfono fijo e Internet. La ley es aplicación de una normativa europea.

El PP se abstuvo en la votación porque considera que el texto aprobado "crea espacios de impunidad": la obligación de conservar los datos no afecta a otros "prestadores de servicios de la sociedad de la información, como chat, foros de Internet, o la telefonía por voz o IP". "Esos son, por ejemplo, los medios más utilizados por los pederastas", subrayó el popular José Ignacio Echániz. Le respondió el socialista Sebastián Fuentes: "Esos servidores quedan fuera del objeto de la ley. Quizá haya que regularlo en un futuro con otras leyes, pero en este momento sería desmesurado: supondría instaurar un estado policial, y, además, podría frenar el desarrollo en España de la sociedad de la información".