Abogado de Trashorras: "Esto no es Guantánamo, pero por ahí vamos"

Empleó todas las triquiñuelas de un viejo maestro del oficio. Gerardo Turiel, abogado defensor del ex minero José Emilio Suárez Trashorras, para el que el fiscal solicita penas que suman 38.962 años de prisión, la más elevada de los acusados sentados en el banquillo, dedicó la mañana de ayer a argumentar que su cliente no fue imprescindible para que el 11-M estallasen los trenes. "Esto no es Guantánamo, pero por ese camino vamos", se quejó.

Gerardo Turiel se quejó también de que durante la instrucción no hubiera tenido acceso a interrogar al Gitanillo, el menor que acusó a su cliente de haber cambiado dinamita por hachís con los islamitas, o por no haber podido acceder a las pruebas periciales de los explosivos. "Es la indefensión absoluta", precisó.

El letrado asturiano, con un estilo seductor, de auténtico encantador de serpientes de la vieja escuela, realizó un informe efectista en el que trufó mentiras con medias verdades para tratar de salvar lo mejor posible la dificilísima papeleta de su cliente.

Así, Turiel llegó a decir que Rafá Zouhier había sido condenado por volar joyerías en Asturias con Goma 2 y que por eso estaba preso cumpliendo condena en la cárcel de Villabona, donde coincidió con Antonio Toro. De un plumazo, Suárez Trashorras ya no era necesario en la operación de suministro de los explosivos a los islamistas.

El abogado sugería que Zouhier ya utilizaba explosivos y que conocía a la persona que tenía y ofrecía dinamita. Una artimaña, basada en una mentira, ya que la sentencia por la que se condenó a Zouhier no se mencionaba por ningún sitio la dinamita, como aseguraba el abogado. El marroquí fue condenado por reventar una joyería en Pola de Lena por el procedimiento del alunizaje. De dinamita, ni rastro.

En su intervención, Turiel criticó al fiscal jefe Javier Zaragoza por haber dicho en el juicio que ya no importaba qué tipo de explosivo había estallado en los trenes. El fiscal se refería a que había toda una serie de pruebas adicionales, como los teléfonos, las tarjetas, los detonadores, las reuniones en los McDonald's, y las declaraciones de testigos e imputados que llevaban ineludiblemente a la conclusión de que la trama asturiana proporcionó los explosivos a la célula yihadista que cometió el atentado.

Pero el letrado cogió únicamente la parte que le interesaba y destacó que a él y a su cliente sí que les importaba y mucho saber el tipo de explosivo y si realmente había salido de Mina Conchita. "No nos da igual y mientras no se diga cuál es, no se le pueden acusar de 192 asesinatos. Y, además", añadió, "al no dejarme intervenir [en la prueba pericial durante la instrucción de la causa] se ha vulnerado nada menos que la posibilidad de que Trashorras pudiera contradecir en el juicio que no era su dinamita".

Los ocho peritos que realizaron la prueba pericial han señalado que lo que estalló en los trenes era dinamita, aunque no se le podía poner nombre comercial. Además, coincidieron en que en 22 de las 23 muestras de los focos de explosión se encontró ftalato de dibutilo, componente exclusivo de la Goma 2 ECO, como la que Trashorras robó en Mina Conchita.

Explosivos Goma 2

Los peritos dejaron claro también que la dinamita encontrada en todos los escenarios del 11-M era Goma 2. Las fajas de los cartuchos encontrados en los escombros del piso de Leganés donde se suicidaron siete de los integrantes de la célula yihadista correspondían a Goma 2 vendida por Unión Española de Explosivos a la empresa Caolines de Merillés, propietaria de Mina Conchita.

Turiel llegó a reconocer que José Emilio Suárez Trashorras suministró o proporcionó datos a Jamal Ahmidan, el Chino, jefe operativo de la célula del 11-M, para que se hiciera con los explosivos. Sin embargo, acto seguido añadió: "Pero de ahí a considerarle autor por cooperación necesaria...".

El abogado, que reclama la absolución de su cliente, llegó a admitir que la conducta de Trashorras puede ser considerada como una colaboración con las atenuantes de trastorno mental y de haber colaborado con la justicia, por lo que, alternativamente, la pena máxima que le correspondería serían dos años.

No obstante, el letrado no fue capaz de neutralizar el informe del fiscal cuando reclamó la autoría por cooperación necesaria para Trashorras y Zouhier. ¿Pero alguien puede imaginarse que estos atentados se hubieran producido sin la intervención de Trashorras y Zouhier?, se preguntó entonces el fiscal. La respuesta, por el momento, sigue siendo la misma.