El Senado elimina una facultad para bloquear el dinero de ANV

Hasta ayer, el ministro del Interior tenía poder para decidir retirar las subvenciones públicas a aquellos partidos que, según su criterio, suceden a Batasuna, aunque sean legales. El Partido Popular intentó, sin éxito, que esa facultad se mantuviera en la Ley de Financiación de Partidos que aprobó anoche definitivamente el Senado. El nuevo texto, que deroga esta posibilidad, contó con el único voto en contra del PP.

La Ley de Financiación de Partidos Políticos fue pactada entre todos los partidos del Congreso menos el PP, cuya actitud fue reprochada durante la tramitación en la Cámara baja como oportunista. El nuevo texto elimina las donaciones anónimas a los partidos y eleva los limites de donaciones privadas. Pero ese no fue ayer el principal punto de debate entre PP y todos los demás.

En el Senado, los apoyos se han mantenido intactos y las enmiendas de los populares también. Entre ellas, se proponía añadir un artículo nuevo por el que se prohibiría dar subvenciones a partidos que incurran en algún supuesto delictivo de la Ley de Partidos o tengan en sus listas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, aunque esos partidos sean legales. Además, corresponde al Gobierno apreciar esos delitos y cortar la financiación.

En realidad, esta norma ya está en vigor. La nueva Ley de Financiación de Partidos pretende sustituir a la de 1987. La ley fue modificada en 2003 dentro de la estrategia que siguió a la Ley de Partidos y se introdujo esa previsión que, cuatro años después, parece redactada ad hoc para el caso de ANV. Con la aprobación definitiva ayer por el Senado de la nueva ley, ha desaparecido. El PSOE pactó aquella ley entonces con el PP y sus portavoces la aplaudieron efusivamente.

El nuevo texto no se olvida de la Ley de Partidos. Establece que cuando se inicie el proceso de ilegalización de un partido, el Ministerio del Interior puede proponer a la autoridad judicial que suspenda las subvenciones como medida cautelar. Es un cambio sustancial respecto a la que el PP quería mantener, donde bastaba con una mera decisión ejecutiva. Allí se decía que las condiciones para impedir la financiación de estos partidos "se apreciarán por el ministro del Interior o alto cargo en quien delegue". Es decir, quedaba a discreción del ministro decidir quién no puede recibir financiación.

La senadora del PP Amelia Salanueva hizo la pregunta clave del debate: "No entiendo en qué ha cambiado la situación" respecto a 2003. "Lo que queremos evitar es que los representantes de los terroristas tengan acceso a dinero público. Muchas de las circunstancias de entonces se mantienen".

El senador del PSOE Mario Mansilla le recordó que, durante el año que Ángel Acebes fue ministro del Interior con esta norma vigente, no la aplicó nunca. Mansilla, en cuya opinión personal lo que aprobó su partido entonces era "poco ajustado a la Constitución", añadió ayer que aquello "no era más que un escaparate inaplicable". Mansilla criticó lo que considera un "juego maniqueo" del PP. "Lo único que hacemos es aplicar eso con mayor rigor", afirmó.