España planta cara a la pretensión de Blair de rebajar el nuevo tratado europeo

El Gobierno español enseñó ayer por primera vez las uñas en las duras negociaciones de un nuevo tratado que sustituya a la Constitución europea. De hecho, entró en abierta colisión con la estrategia del Reino Unido, al anunciar en las Cortes por boca del secretario de Estado para Asuntos Europeos, Alberto Navarro, que está preparado para vetar la institucionalización de una presidencia estable de la Unión, propuesta por los británicos. Navarro fue más lejos. Calificó la actitud de Reino Unido y Polonia de "inaceptable", y anunció más medidas para una cumbre que viene llena de tensiones.

Los polacos han llegado a recordar a Alemania, en las negociaciones de estos días, que su país perdió en la última guerra seis millones de habitantes y que no se le puede imponer ahora un reparto de poder proporcional a la población.

Margaret Beckett, la jefa de la diplomacia británica, centró en cambio sus dardos en el futuro ministro comunitario de Exteriores, durante el Consejo de Ministros del pasado lunes. España, que hoy tiene a Javier Solana como Alto Representante de la UE, entiende que Beckett fue demasiado lejos y amenaza con vetar la introducción del presidente estable del Consejo que quieren los británicos, incluso, según se ha dicho, con Tony Blair como candidato.

Para España y otros países menores, un canciller reforzado significa reforzar su presencia en el mundo a través de la Unión, en tanto que la presidencia rotatoria es una oportunidad de sentarse en la primera fila de la escena internacional, incluso en el G-8, cada cierto tiempo. El Reino Unido se opone al ministro de Exteriores por nacionalismo británico.

"España puede aceptar como máximo que el ministro no se llame ministro, pero si se pretende que el representante no presida los Consejos de Exteriores ni disponga de un servicio comunitario para realizar su tarea, España no apoyará la presidencia estable, porque se rompería el equilibrio de las instituciones", anunció ayer Navarro ante la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para Europa.

Cambio de tono

"Tenemos un profundo respeto por los que han fracasado en la ratificación del Tratado [Constitucional, Francia y Holanda]. Pero nos parece inaceptable que los principales problemas vengan hoy del Reino Unido y Polonia, dos países que, tras firmarlo, ni siquiera intentaron ratificarlo, y que ahora quieren sacar ventaja", añadió Navarro.

Es la primera vez que los representantes españoles exhiben este lenguaje duro y plantean retroacciones concretas en una negociación sobre la que, hasta ahora, sólo habían vertido gestos de flexibilidad y palabras de cooperación. La obstinación de británicos y polacos, soportes de un frente de rechazo en el que también se integran los checos, y que refuerzan parcialmente, con otra orientación, los holandeses, parece minar la confianza creada por la canciller alemana, Angela Merkel, en que se pueda salvar el 90% del contenido de la Constitución rechazada. De ahí que se insista en las líneas rojas y se eleven los tonos.

Polonia no baja la guardia ni para dejar ver un resquicio de compromiso e ignora las sucesivas zanahorias que la presidencia alemana ha puesto en su camino. Varsovia ha rechazado, por ejemplo, la sugerencia de que una muestra de flexibilidad pudiera facilitar una reducción de los plazos impuestos por Berlín para que los polacos puedan emigrar libremente a Alemania. Razona que esa medida sólo contribuiría a que Polonia pierda sus mejores trabajadores.

Insiste, en cambio, como el Reino Unido, en que los temas de cooperación judicial y policial en materia penal no puedan ser decididos por mayoría cualificada. La República Checa y Holanda exigen, por su parte, que se recorte drásticamente la capacidad del Consejo para decidir por unanimidad que cualquier materia pueda ser tratada en el futuro por mayoría cualificada, informó ayer Navarro.

El secretario de Estado anunció también en las Cortes que si estas exigencias prosperan, España pedirá que se agilicen significativamente las posibilidades de que varios Estados puedan avanzar en la integración, dejando atrás a los reticentes. En concreto, España propondrá que los miembros del Eurogrupo, es decir, los que han adoptado como moneda el euro, puedan decidir estas cooperaciones reforzadas sobre cualquier materia y en cualquier momento.

El secretario de Estado subrayó que al fijar estas posiciones expresa no sólo el parecer del Gobierno español, sino el de la mayoría de los 18 países que ya han ratificado la Constitución, así como los de Irlanda, Suecia, Dinamarca y Portugal, que se han sumado a su Grupo de Amigos. "En total, 22 de 27" países, dijo.

Navarro puso especial empeño en expresar el punto de vista español sobre los seis temas que cree que llegarán sin solución al Consejo de mañana. España puede aceptar que el nuevo tratado enmiende, y no sustituya, a los precedentes si hay acuerdo sobre los contenidos; es contraria a que se limite el valor jurídico de la Carta de Derechos Fundamentales; se opone a la idea de que una mayoría de parlamentos nacionales pueda limitar la actividad normativa de la Comisión; defiende las llamadas "cláusulas pasarela" para que las decisiones por mayoría cualificada puedan expandirse y considera que no es el momento de incluir en el tratado los criterios para nuevos socios.

En cuanto al sexto punto, el sistema de voto en el Consejo, España entiende que, pese al empecinamiento polaco, el debate no debe reabrirse. "Pero si se reabriera, España estaría muy cerca de Polonia", precisó Navarro.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tiene concertada cita con su colega británico, Tony Blair, durante la cumbre. Es posible también que vea a Nicolas Sarkozy, porque la propuesta hispano-francesa se tambalearía si se cumple la amenaza de vetar la presidencia estable, ya que Francia la apoya y figura en el segundo punto del documento conjunto. Para añadir confusión, Gordon Brown, el próximo jefe del Gobierno británico, dijo ayer que someterá el nuevo tratado a referéndum, "si fuera necesario".