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La policía detiene a 19 promotores por la trama de corrupción de Alhaurín el Grande

Cinco meses después de la detención de Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, alcalde y concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande (Málaga) respectivamente, acusados de exigir 121.000 euros a un promotor a cambio de no paralizarle una obra, la Policía detuvo ayer a 19 pequeños empresarios y autónomos de la construcción vinculados a la trama de corrupción denominada Operación Troya.

El Partido Popular insiste en que el regidor es "inocente" y critica la "espectacularidad" de las detenciones
El alcalde, Juan Martín Serón, acusa a la juez, al fiscal y a la policía de iniciar una "persecución política" tras el 27-M
Casi todos los arrestados, acusados de cohecho continuado, son pequeños empresarios y autónomos de la localidad
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Las detenciones se produjeron de manera casi simultánea en Alhaurín -al menos diez arrestos- y en otras localidades de la provincia, incluida la capital, según informó la Comisaría Provincial de Málaga. Martín Serón, del Partido Popular, revalidó el pasado 27 de mayo su mayoría absoluta con un 55,9% de los votos y mantiene a Guerra como edil de Urbanismo.

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Los agentes de Blanqueo actuaron por orden de la juez suplente del juzgado de instrucción número 2 de Coín, Isabel María Pérez. Esta magistrada mantiene abierta la operación y tomará declaración desde hoy a los detenidos, a los que se acusa de pagar diferentes cantidades a cambio de obtener resoluciones urbanísticas favorables. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande (21.070 habitantes) recibió entre 2005 y 2006 al menos 600.000 euros en "donaciones" tanto económicas como en especie destinadas a financiar actuaciones municipales.

Las detenciones comenzaron alrededor de las 8.00 de ayer y se interrumpieron sobre las 11.00. Los agentes practicaron seis registros, la mayoría en Alhaurín, en los que se incautaron de "bastante documentación", según fuentes del caso. La forma de actuar de esta supuesta trama corrupta, según fuentes cercanas a los investigadores, era doble. La primera tiene que ver con acuerdos urbanísticos. "Un constructor levanta un edificio y pacta entregar un 10% de su valor al municipio para equipamiento público. Eso equivale, pongamos, a un apartamento del edificio, pero como el inmueble no le vale al Ayuntamiento, se hace una tasación y el constructor ingresa el dinero en efectivo". Hasta aquí todo normal. "Lo que pasa es que si el inmueble vale 20, se tasa en 10, y los otros 10 se pagan en B y se reparten entre los integrantes de la trama".

Silencio municipal

La segunda fórmula es pagar a cambio del silencio municipal ante construcciones irregulares. "El constructor edifica en una zona en la que no está previsto edificar y el Ayuntamiento se hace el ignorante, y luego le pone simplemente una multa. A cambio de este tratamiento, el promotor entrega a la trama una cantidad económica en B", aseguran los investigadores. Estos sospechan que la trama contaba con la colaboración de un "despacho profesional de asesores".

Juan Martín Serón volvió a ver una "persecución política" detrás de las detenciones de los 19 pequeños empresarios y trabajadores autónomos de la construcción. "Como hemos ganado las elecciones, vuelven contra nosotros", declaró a mediodía de ayer el alcalde en una tumultuosa conferencia de prensa celebrada en el salón de plenos. "Se ha detenido a 18 personas honradas y trabajadoras cuyo único crimen ha sido crear puestos de trabajo. Pongo el cuello por ellos", afirmó el regidor, flanqueado por los concejales de su equipo de gobierno. Los bancos del público los ocupaban unos 50 familiares de los detenidos. Éstos interrumpieron en varias ocasiones las preguntas de los periodistas, en una escena que recordaba a los plenos de Marbella en tiempos de Jesús Gil. "Cuidado con lo que escribes", llegaron a amenazar a una redactora.

Martín Serón calificó de "atropello contra el pueblo" la operación policial. "Si en España hubiera un solo Ayuntamiento honrado y transparente ese sería el de Alhaurín el Grande". El regidor aseguró que "jamás se ha pedido dinero a los promotores a cambio de licencias" afirmó desconocer si alguno de los arrestados participó en la cuestación en la que se reunió la fianza de 100.000 euros que la juez les impuso a él y a Guerra tras su detención. Martín Serón también dijo ignorar si alguno de los "pequeños constructores" detenidos ayer ha sido adjudicatario de obras municipales.

"Acoso contra el pueblo"

El regidor alhaurino afirmó que "en este caso, la Justicia y la Fiscalía se están equivocando" y acusó a la Policía de "acoso contra el pueblo". Martín Serón, en cuyo domicilio los agentes hallaron 63.000 euros en billetes de 500, atacó también a EL PAÍS, al que acusó de "quebrantar la ley" por publicar la grabación policial en la que Gregorio Guerra pide al promotor José Burgos 121.000 euros a cambio de no paralizar una obra de viviendas levantadas con una licencia irregular otorgada por decreto. También criticó la publicación de la entrevista que este periódico hizo a Burgos, a quien volvió a acusar de "maltratador de mujeres". Burgos tiene una condena por maltrato psíquico a su ex pareja.

El alcalde aseguró que ha recibido "llamadas de mucha gente" de su partido para "dar su apoyo". Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió cuando fue detenido, el PP no ha hecho público ningún comunicado de respaldo. El presidente provincial popular, Joaquín Ramírez, afirmó que sigue "pensando que Martín Serón es inocente y que por mucho que se quiera no existe ilegalidad". Además, señaló que "la espectacularidad de las detenciones no es algo bueno para el sistema democrático". El presidente andaluz del PP, Javier Arenas, se limitó a señalar que la información de que disponen hasta ahora es "insuficiente" por el secreto del sumario.

Las declaraciones de Martín Serón fueron el aperitivo de una tarde en la que familiares de los detenidos fletaron un autobús para manifestarse frente a la Comisaría Provincial de Málaga, en la que pasaron la noche los detenidos. A la concentración asistió a última hora el alcalde de Alhaurín.

Los detenidos, vinculados al sector de la construcción, estarían imputados por un delito de cohechoVídeo: ATLAS

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