Vivienda creará un servicio de inspección para combatir el fraude en pisos protegidos

El Gobierno creará en las próximas semanas el servicio público de inspección de viviendas protegidas con sus propios funcionarios para combatir el fraude que se produce en este sector. En la actualidad funciona un sistema mixto puesto en marcha en febrero de 2005, formado por funcionarios del Departamento de Vivienda y siete inspectores que trabajan a pie de calle y que pertenecen a una empresa privada. La consejería está ultimando el decreto para dar luz verde a un servicio íntegramente público, que estará compuesto por 15 personas.

"Tenemos ultimado el dimensionamiento del servicio público de inspección y en las próximas semanas estará operativo. Será un servicio íntegramente público", recalcó el viceconsejero de Vivienda, Javier Deán, en declaraciones a EL PAÍS.

Ahora, la gestión de los expedientes sancionadores la realizan funcionarios y la inspección propiamente dicha la desarrolla la empresa privada Ikertalde, que está contratada por la administración. Esta parte inspectora se va a incorporar como un servicio público consolidado. En total, serán 15 personas las que formen el nuevo servicio público sumando la gestión e instrucción de los expedientes informativos y sancionadores, los inspectores y el personal que atiende los recursos y los procesos de expropiación.

"Se trata de una plantilla suficiente porque hasta ahora el número de trabajadores que se ha destinado a estos cometidos ha sido inferior", apunta el viceconsejero. Se trata de una ampliación de la plantilla del Gobierno a efectos prácticos y se realizará por decreto. "Ya no vamos a contratar servicio externo. Estamos dimensionando el servicio, pero la decisión está tomada y en las próximas semanas se plasmará en un decreto", corroborá.

El nuevo organismo dependerá del área de Planificación del Departamento de Vivienda. Se trata de una aspiración muy sentida por los diferentes equipos dirigentes que han ido pasando por la cartera de Vivienda (PSE, EA y Ezker Batua) y de una cuestión demandada en varias ocasiones por el Parlamento. El actual parque de vivienda protegida aumenta cada año. En la actualidad, tres de cada diez pisos que se levantan en Euskadi son protegidos.

El plan de inspección ha cubierto ya la revisión de más de 22.000 pisos protegidos de los 55.000 que integran el parque público. La pretensión del departamento es completar en el transcurso de esta legislatura la inspección de todo el parque y garantizar que está siendo utilizado para lo que en su día se construyó: atender necesidades de vivienda y no para la especulación o algún tipo de fraude.

Fraude del 9%

Según los últimos datos, el nivel de fraude en la VPO se eleva al 9%, siendo las causas más comunes la no ocupación de la vivienda, su alquiler o su compraventa no autorizadas. El servicio de inspección actúa de oficio para garantizar que los pisos que se conceden en los sorteos son ocupados por las personas adjudicatarias, que ninguna se encuentra vacía y que no se alquilan ni se venden irregularmente. El trabajo de inspección comprende las visitas directas a las casas, las consultas al registro de VPO, a la cámara de la propiedad y la búsqueda de información a través de los consumos de luz y agua del domicilio.

El servicio de inspección de la vivienda protegida forma parte del plan global de lucha contra el fraude puesto en marcha por el departamento desde hace unos años y que contempla otras medidas. Entre ellas, la adjudicación de todas las VPO por sorteo para terminar con posibles casos de "enchufismo"; la calificación de por vida de las viviendas protegidas, con lo que nadie puede intentar hacer negocio con ellas; y la aplicación sistemática del ejercicio de tanteo, que permite al Gobierno adquirir los inmuebles protegidos que se vayan a vender para evitar el sobreprecio.

"La Ley vasca de Suelo", explica Deán, "habilita a las administraciones para construir VPO en derecho de superficie (al cabo de 75 años deben volver a las instituciones), lo que desincentiva en parte el ansia de especulación. Pero la medida que más impacto tiene es la calificación permanente. Nadie puede estar pensando en obtener una plusvalía a lo largo de la vida de la VPO por su paso a vivienda libre. Es la medida de fondo".

Además, el departamento tiene previsto incluir en el proyecto de ley de Vivienda la obligación de que el dueño de una VPO la devuelva cuando adquiera un piso libre. "Con esta disposición se cierra el círculo de la especulación. Hoy nadie que esté pensando en lucrarse compra un piso protegido. Es un instrumento para vivir".

La lucha contra el fraude resulta trascendental en un escenario de incremento de producción de VPO. "El Gobierno trata de dignificar la imagen de estos pisos para que dejen de ser un instrumento de trapicheo y sobreprecios y sirva únicamente para atender la necesidad de vivienda de personas que no pueden acceder al mercado libre por sus elevados precios".