El juez de la trama policial de Ronda investiga filtraciones a los imputados

El juez que investiga la trama de corrupción policial en Ronda (Málaga), José Óscar Roldán Montiel, quiere saber quién avisó a dos de los agentes imputados de que estaban siendo investigados. El pasado jueves el juez citó a los dos policías y les pidió un nombre. Ellos se negaron a declarar y mantuvieron que el juez "les daba miedo". Ésta ha sido la última actuación del magistrado antes de levantar el secreto sumarial de este caso por el que siguen en prisión tres policías y un guardia civil. El juez está a la espera de un informe que solicitó a la Guardia Civil hace más de un mes y que ésta todavía no ha enviado.

Esta supuesta falta de colaboración de la Guardia Civil ha retrasado al menos un mes la instrucción, según fuentes judiciales, que mantienen que el grupo de Asuntos Internos de este cuerpo no ha contestado a un oficio en el que se preguntaba si el único guardia civil imputado "ha sido investigado con anterioridad y el resultado de esas pesquisas".

Fuentes del Instituto Armado mantienen que no hay "constancia" de este silencio informativo, aunque subrayan que Asuntos Internos se caracteriza por ser "un grupo de trabajo muy discreto".

El caso, destapado el pasado 20 de febrero, comenzó afectando sólo al Cuerpo Nacional de Policía, aunque con el paso del tiempo ha salpicado a la Guardia Civil y se investiga la colaboración de otras personas vinculadas al estamento judicial. El juez ha investigado si los nueve imputados participaban en cobros a prostitutas extranjeras por arreglarles los papeles, avisaban a los dueños de los clubes de las redadas a cambio de dinero o de relaciones sexuales, o si se quedaban con parte de la droga intervenida a los pequeños traficantes de esta ciudad de 35.000 habitantes.

El pasado jueves, el juez trató de tomar declaración de nuevo a los dos agentes considerados cabecillas de la trama de corrupción policial, pero éstos no quisieron decir ni una sola palabra sobre la persona que les avisó de que sus teléfonos estaban pinchados.

Fuentes cercanas a los imputados mantienen que en las transcripciones telefónicas de hace dos años, incluidas en el sumario de esta causa, aparecen conversaciones en las que los policías imputados se burlan de los agentes de Asuntos Internos sabiendo que están escuchándoles, mofándose de que no saben investigar, aconsejándoles que escuchen las conversaciones de otros o directamente insultándoles.

Aquella causa quedó archivada. Cayó en el juzgado de Ronda del que era titular María José Alcázar. La juez que ordenó parar las investigaciones es la pareja de Sergio Flores, uno de los detenidos en la reedición de la investigación y el único de los nueve imputados que no es policía. Alcázar pidió ser trasladada a Melilla el pasado 16 de marzo, días después de la detención de su novio, al que le intervinieron unos 60 gramos de cocaína durante la operación. Flores está en libertad con cargos.

La última orden de detención se cursó el pasado 14 de mayo y recayó sobre el agente de la Guardia Civil Rosendo Sánchez. Los testimonios sitúan el inicio de la supuesta actividad delictiva de Rosendo Sánchez "mucho antes" que la de los agentes de la policía implicados, sobre los que constan denuncias de sindicatos policiales desde hace al menos dos años.

Poco antes de la detención del guardia civil, el juez que investiga la trama informó a la Guardia Civil de que tenía "indicios de delito" de este agente. En los juzgados de esta ciudad, en la que casi todo el mundo se conoce, había constancia "fuera de proceso" de que Rosendo Sánchez había sido investigado en anteriores ocasiones. El guardia prestaba su servicio de paisano, como varios de los imputados de la policía. y sus compañeros le definían antes de su detención como un agente "no muy recomendable".

Los imputados suman más de una decena de delitos como prevaricación, cohecho, abuso de autoridad, abuso sexual, extorsión, estafa, falsedad documental, delitos relativos a la prostitución, favorecer la inmigración irregular o tráfico de drogas. Entre los siete agentes de la policía está Juan Antonio Rodríguez, inspector jefe y antiguo responsable de la comisaría de Ronda y su segundo, un subinspector encargado del grupo de Extranjería. Ambos siguen en prisión.