20 personas figuran como testigos protegidos en las diligencias

La trama de corrupción policial cuenta ya con el testimonio de una veintena de testigos protegidos, la mayoría propietarios y trabajadores de varios prostíbulos de la ciudad. Según las fuentes consultadas, durante estos cuatro meses de instrucción se les ha ido tomado declaración minuciosamente para determinar el grado de implicación de cada uno de los nueve detenidos del caso: siete policías, un guardia civil y el dueño de un bar.

En este tiempo, el contenido de las pesquisas se ha guardado en el juzgado con gran sigilo, debido a que hace dos años ya se investigó a parte de los imputados y todo el trabajo se frustró tras una filtración a los sospechosos. Sólo una de las declaraciones se hizo con la participación de los letrados de las partes, porque la testigo tenía la intención de abandonar el país y el juez instructor, José Óscar Roldán Montiel, quería que su testimonio sirviera como prueba preconstituida para el momento en el que se celebre la vista oral.

El papel del personal de la media docena escasa de prostíbulos diseminados en los alrededores de Ronda es fundamental en esta investigación de Asuntos Internos, ya que la investigación surgió a partir de la declaración de una inmigrante ante el grupo de Extranjería de la policía.