Menores sin protección

Los nombres de Alba y Claudia quizá queden como una nota a pie de página en la pequeña historia de los engranajes jurídico-sociales de nuestro país, pero son la demostración palpable de que la inercia y la burocracia están tan arraigadas en algunas instituciones que les impiden aprender de los propios errores. La pequeña Alba, de cinco años, ingresó en marzo del año pasado con un gravísimo traumatismo craneal después de que tres cuerpos policiales y tres administraciones públicas cometieran sucesivos errores en la valoración del caso. La falta de una actuación mínimamente diligente permitió entonces que los malos tratos se repitieran con secuelas ya irreversibles. Justo cuando hace unos días la juez del caso procesaba a la madre de Alba y a su compañero sentimental, se volvían a repetir parecidos errores en el caso de Claudia, una niña de seis meses cuyo padre se encuentra ahora en prisión.

A diferencia del primer caso, en éste los médicos actuaron con diligencia, comunicando a la juez de guardia y a los servicios sociales de Tarragona el ingreso de la niña el pasado 24 de abril con una rotura de fémur que podía ser consecuencia de malos tratos. Pero esta vez fueron la juez y los servicios sociales los que no actuaron con diligencia, de modo que la niña volvió a ingresar el pasado domingo, esta vez con un cuadro de hemorragia craneal. Ni la juez valoró correctamente las primeras lesiones denunciadas por los médicos ni actuaron los servicios sociales de la Generalitat, escudándose ahora en una falta de colaboración de la justicia. Pese a que el hospital había comunicado el primer ingreso el 24 de abril, los servicios sociales se dirigieron por correo ordinario a la juez el día 2 de mayo requiriendo copia de las actuaciones. La juez recibió la carta el día 10 y denegó la documentación seis días después.

Además de lo obsoleto de recurrir a este tipo de comunicación en los tiempos de Internet, está claro que los servicios sociales no necesitaban de la copia de las diligencias judiciales para actuar, como así hicieron tras la segunda agresión, y que la juez exhibió una preocupante falta de sensibilidad en su burocrática respuesta. La segunda agresión de la pequeña Claudia podía haberse evitado de no mediar una conducta tan poco diligente. Es lamentable que las instituciones públicas demuestren tan reiterada incapacidad para proteger a los menores indefensos. De poco ha servido el protocolo que a instancias del Síndic de Greuges firmaron las diferentes administraciones tras el caso de Alba. Este segundo error en cadena no debería quedar sin consecuencias, pese a las defensas corporativas que ha suscitado.