"Siendo optimistas, la sentencia tardará 10 años"

La parte principal de la investigación por la quiebra de Parmalat se lleva en Parma, una ciudad de 170.000 habitantes, que en 2005 tenía el mejor nivel de vida de todos los municipios italianos. La fiscalía está en el casco viejo, en un edificio austero de una calle muy estrecha. El fiscal jefe, Gerardo Laguardia, es una persona elegante y educada, que pide permiso para fumar antes de explicar la situación.

"El juicio tenía que celebrarse en Parma, cuyo tribunal es el competente. Pero el Consejo Superior de la Magistratura debería haber tenido en cuenta la situación de una fiscalía tan pequeña y de la enormidad del juicio y enviar a un magistrado experto en criminalidad financiera". Pero esto no ocurrió. "Tres jóvenes magistrados sin experiencia", dice Laguardia, tuvieron que cargar sobre la espalda una mole enorme de trabajo.

Al término de las investigaciones y antes del comienzo de la audiencia preliminar, dos de los fiscales fueron trasladados, y sólo se quedó uno de ellos, Vincenzo Picciotti, con un sumario de dos millones y medio de folios dividido en 30 partes.

Esta fragmentación fue necesaria para reducir los tiempos del juicio. Todavía hoy no se han cerrado las investigaciones sobre algunos bancos (entre ellos, Bank of America) y sobre las sociedades auditoras (entre ellas, Deloitte & Touche) acusadas de haber cubierto a Parmalat hasta pocos días antes de la quiebra. La unificación habría dilatado indefinidamente el juicio. Por eso fue descartada.

Pero la separación en 30 ramas complica la situación de los inversores, quienes, para obtener una indemnización, tendrán que constituirse en parte civil 30 veces, según informa el diario económico Il Sole 24 Ore.

"Siendo optimistas, según los ritmos de la justicia italiana, tendremos una sentencia definitiva dentro de 10 años. Cuando llegue ese día, el patrón de Parmalat, Calisto Tanzi, tendrá 80 años; con esta edad, seguro que habrá alguna forma de salvarse de la cárcel", añade el fiscal Laguardia.

Siendo pesimistas, y considerando los escasos medios de la Fiscalía de Parma, que en 2006 recibió desde el Ministerio de Justicia tan sólo 14.000 euros para sus actividades, y que sigue teniendo un solo fiscal para ocuparse de todo este macrosumario, el juicio podría terminar en nada. La razón es que los delitos en cuestión prescriben dentro de 15 años, en 2022.