Archivada la querella por estafa contra el dueño de Air Madrid

No hay estafa porque el dinero de los billetes que vendió Air Madrid la última semana de su actividad no se ingresó en sus cuentas. Con ese argumento, el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska decidió ayer el sobreseimiento libre de la querella por estafa y por delitos contra los derechos de los consumidores presentada por tres asociaciones de consumidores y un ciudadano particular contra el dueño de la aerolínea, José Luis Carrillo.

Tras el cierre de Air Madrid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la Asociación General de Consumidores (Asgeco) y la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (FUCI) presentaron una querella por estafa y delitos contra los derechos de los consumidores (publicidad engañosa) en la Audiencia Nacional contra Carrillo y tres directivos de la compañía. Las dos primeras organizaciones han anunciado que recurrirán el archivo.

Los hechos objeto de la querella son fundamentalmente que Air Madrid siguió vendiendo billetes a sabiendas de que iba a ser suspendida su licencia de operación, en particular a partir del 12 de diciembre, cuando la Dirección General de Aviación Civil resolvió retirarles las licencias y dio un plazo de 48 horas a la aerolínea para alegar.

El juez Grande-Marlaska argumenta que "la mayor parte de la facturación" se realiza a través de agencias de viajes, que no abonan el dinero a la IATA (la Asociación Internacional de Transporte Aéreo) hasta el mes siguiente. De modo que el importe de los billetes vendidos "no entró nunca en las cuentas de Air Madrid". "Mejor dicho", matiza el juez, "se abonó pero una vez formalizado el concurso de acreedores", por lo que no hubo lucro.

Añade el magistrado que no puede inferirse que Air Madrid tuviese voluntad "concreta y previa" de incumplir el contrato de transporte, entre otras cosas porque recurrió la resolución de Aviación Civil del 12 de diciembre en los puntos relativos a la obligación de informar a los usuarios. Ese recurso se resolvió a primera hora de la tarde del viernes 15, minutos antes del cierre empresarial, que fue seguido unas horas después por la retirada definitiva de la licencia.

El Ministerio de Fomento sí comenzó a informar el mismo día 12 a los viajeros de la posibilidad de la suspensión. En resumidas cuentas, "hubo una crisis empresarial que no era previsible, por lo que no hay engaño", explica Carlos Bueren, del despacho Uría y Menéndez, abogado de Carrillo en este proceso penal y en varios contenciosos-administrativos contra las resoluciones de Fomento.

Obviamente, no opinan igual los querellantes. El abogado de Asgeco, Francisco Ferrer, aduce que además de en las agencias, Air Madrid "vendió en su web y en sus oficinas cuando tenían un expediente abierto desde finales de septiembre". El portavoz de la OCU Enrique García considera que lo primordial es que los administradores de Air Madrid "sabían que no podían cumplir" los contratos. Que el dinero se cobrase a través de IATA a mes vencido es "una circunstancia propia de la contratación" que, a juicio de la OCU, no afecta a la intención de engañar.

Aunque el juez señala que no entra a valorar "la proporcionalidad ni legalidad" de la suspensión de Air Madrid por Fomento, lo cierto es que resalta (literalmente, en negrita) que el director de Aviación Civil, Manuel Bautista, y el instructor del expediente, Javier Asenjo, declararon como testigos que "la compañía había mejorado su situación en comparación" con septiembre, y que "se observaba voluntad de cooperación". Y recuerda que se habla "de finales de noviembre de 2006, cuando la suspensión se acordó el 15 de diciembre.

Además, señala que la compañía presentó el 11 de diciembre documentación sobre la reestructuración de la compañía que "no consta que fuera tenida en cuenta".