"Una vez que terminé mi trabajo, ya no sé lo qué ocurrió"

Lagunas mentales y elusión de responsabilidades. Es el mejor resumen de la declaración de Antonio Moreno, ex concejal de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid, ayer en el juicio por la presunta privatización irregular de la funeraria municipal en 1992. Según aseguró el ex edil, su concejalía se limitó a la redacción del Pliego de Condiciones de la venta del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios del Ayuntamiento de Madrid.

El departamento de Moreno fue el que estableció los requisitos que tenían que cumplir las empresas que aspirasen a hacerse con la empresa pública. La venta se completó finalmente por tan sólo 0,60 euros, que pagó la sociedad Funespaña al consistorio. Ésta era una de las tres empresas que llegaron, supuestamente, a tener alguna opción de ganar el concurso. Aunque en la práctica, según las acusaciones, no fue así.

"Mi preocupación era el pliego de condiciones. Una vez que terminé mi trabajo, yo ya no sé lo que ocurrió en adelante", manifestó Moreno. Dicho eso, podría deducirse que, al menos, Moreno podría detallar ese documento. Pero tampoco. "Ni idea, lo hicieron los funcionarios. Yo no tengo ni idea, no soy jurídico, no intervine, eran el director de servicios y el de departamento los que lo redactaron", se excusó.

Por tanto, según su testimonio, él no supo de qué iba el pliego y se limitó a firmar su aprobación, confiando ciegamente en sus técnicos. "Fuimos escrupulosos. La escrupulosidad la tenemos en todo", subrayó.

Moreno que se enfrenta a una pena de seis años de cárcel y diez de inhabilitación por un delito de prevaricación, otro de malversación y otro de alteración de precios, es uno de los tres concejales del PP acusados de haber malvendido la funeraria. Los otros dos son: Luis María Huete, primer teniente de alcalde de Madrid; y Simón Viñals, ex edil de Sanidad. Ambos ya declararon la semana pasada en la Audiencia Provincial, además de José Ignacio Rodrigo, ex asesor contratado por el Ayuntamiento para valorar el estado de la funeraria municipal.

Según explicó Moreno, él pasó el pliego a Sanidad "porque era su competencia". El fiscal le preguntó por qué su concejalía no estudió las ofertas, además de elaborar el pliego, a lo que Moreno respondió: "Porque no era mi competencia". Preguntado por cómo se estableció el precio de venta (0,60 euros), Moreno aseguró desconocerlo. La privatización, decidida en un pleno municipal de diciembre de 1992 se hizo con "urgencia". Fue así "porque se nos echaba diciembre encima y la funeraria estaba en unas condiciones desastrosas como consecuencia de los anteriores gestores", señaló Moreno.

También declaró Juan Antonio Valdivia, otro de los acusados, socio constituyente de Funespaña y máximo representante de la empresa cuando ésta se hizo con el 49% de la funeraria municipal. Según aseguró de manera bastante vehemente -tanto que el juez tuvo que llamarle la atención para que rebajara su tono exigente-, él se enteró de la venta de la Empresa Mixta "por la prensa". Y luego, reconoció, sí hubo contactos previos al concurso con el Ayuntamiento. Según defendió, fueron unas conversaciones normales que realizó el consistorio para asegurarse "no llegar al fracaso" a la hora de privatizar la funeraria. Moreno se enfrenta a 19 años de prisión como cooperador necesario del delito de prevaricación y malversación.