El 'metro por metro' del urbanismo valenciano choca con la ley estatal

La entrada en vigor de la ley estatal del Suelo -prevista para el 1 de julio- obligará a modificar la legislación urbanística autonómica. El Consell tendrá que revisar los artículos referidos a la reserva de vivienda de protección pública (VPP) y elevarla hasta un mínimo del 30%, según explicó ayer el arquitecto Alejandro Escribano, en unas jornadas organizadas por la Universitat de València sobre el nuevo texto, que acaba con el principio del "todo urbanizable" sancionado por la ley de 1998 que aprobó el PP. También provocará la modificación de la fórmula ideada por el ex consejero Rafael Blasco del metro por metro -un metro cuadrado protegido por cada metro reclasificado-, dado que la normativa estatal obligará a valorar los suelos según su situación real y no por las expectativas. En este sentido, Escribano denunció que con esta ley el Estado "podrá expropiar" suelo de programas de actuación integrada (PAI) a precio de suelo rural. El Gobierno se ha dotado, defendió Escribano, de un instrumento para garantizar la ejecución de determinadas infraestructuras "probablemente traumatizado por las sentencias de expropiaciones del AVE".

La ley combate la especulación y la corrupción, según Antoni Bernabé

En la inauguración de las jornadas, el delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, apuntó que la ley favorecerá "el acceso a la vivienda, garantizará un desarrollo urbano más transparente y sostenible y combatirá la especulación". El delegado hizo hincapié en cómo los desequilibrios urbanísticos que se han dado estos años han obligado al Ejecutivo estatal a reorientar y redistribuir todo el despliegue de efectivos, especialmente de la Guardia Civil.

Según el secretario general del Ministerio de Vivienda, Juan Francisco Pozo, "la nueva ley desincentivará la retención de suelo con fines puramente especulativos". El texto mejora la información pública sobre el planeamiento del suelo y considera determinantes los informes de agua, costas y carreteras.

La legislación exige que todos los planes y convenios urbanísticos se sometan a información pública y se acompañen de un resumen sucinto sobre los cambios de ordenamiento propuestos y los posibles afectados. Esta ley, con fuerte contenido medioambiental, regula los conflictos de intereses de los concejales y directivos municipales y obliga a identificar a los propietarios (cinco años atrás) de los suelos cuya recalificación genere plusvalías importantes. También exige que se revisen de manera global los planes urbanísticos que aumenten en más de un 20% la población o la superficie urbanizada del municipio.

El alto cargo del Ministerio de Vivienda agregó que el texto vela por que las reservas de suelo de vivienda protegida se destinen a este fin o, en el caso de que se vendan o subasten, las administraciones públicas no especulen con ellos. Según Pozo, un trámite administrativo como es la reclasificación de suelo -que ha sustentado en buena medida los pelotazos urbanísticos- no puede multiplicar el valor del suelo de un día para otro.