Las televisiones llevan al Tribunal Europeo el pago de derechos de autor
Dos cadenas privadas suecas piden que las tarifas se apliquen en función de la audiencia
Las discrepancias de las televisiones europeas -incluidas las españolas- sobre el pago de los derechos de propiedad intelectual han llegado al Tribunal Europeo. Dos cadenas privadas suecas han acudido a la justicia para saber si las tarifas que abonan por incluir música en sus emisiones son equitativas o representan una "conducta abusiva" por parte de las entidades de gestión. Ambas televisiones reclaman que las tarifas se ajusten a la audiencia en lugar de estar vinculadas a los ingresos. En España, la factura que pagan los canales privados supera el 5% de sus ingresos brutos.
Ni las televisiones españolas, ni las suecas se cuestionan el pago de los derechos de propiedad intelectual. Pero en ambos casos, sus directivos dudan de los criterios que establecen las entidades de gestión a la hora de fijar las cuotas. Estas empresas reclaman religiosamente a las televisiones un porcentaje de sus ingresos brutos anuales. Es decir, la misma cantidad, independientemente del repertorio que utilicen las cadenas o de la audiencia que obtengan. El secretario general de Tele 5, Mario Rodríguez, lo explica gráficamente: "Funcionan como un buffet libre. Pagas igual si te comes un plátano o si te comes 1.100".
El asunto ha llegado al Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas. Un tribunal sueco planteó el pasado 6 de febrero la existencia de una posible "conducta abusiva" y contraria a las normas de la UE por parte de STIM, una entidad escandinava dedicada a la gestión de derechos musicales. Dos cadenas privadas de aquel país, Kanal 5 y TV 4, han propiciado esta consulta prejudicial en el tribunal de Luxemburgo. Cualquier Estado de la Unión Europea tiene de plazo hasta hoy para formular observaciones.
En el caso de que el Tribunal Europeo atienda la petición de los operadores suecos, las relaciones que mantiene las televisiones españolas con las entidades de gestión podrían dar un vuelco. En España actúan media docena de estas empresas sin ánimo de lucro. Representan a autores (SGAE), autores de medios audiovisuales (DAMA), artistas, intérpretes, ejecutantes (AIE y AISGE), productores (AGEDI) o artistas plásticos (VEGAP). Cada una aplica sus propias tarifas, generalmente un porcentaje de los ingresos brutos anuales de las cadenas.
Facturación
Las televisiones no dudan en criticar la proliferación de empresas de este tipo. Argumentan que se ha pasado del monopolio de la SGAE al oligopolio de media docena de entidades. Casi todas han adoptado el mismo modelo tarifario.
Tele 5 calcula que las facturas que paga por este concepto equivalen al 5,8% de sus ingresos brutos anuales, lo que representa alrededor de 30 millones de euros. Las mayores cuotas corresponden a la SGAE (abarca una horquilla del 2% al 3,7%) y AISGE (1,5%). Por debajo del 1% figuran AGEDI (0,45%) y AIE (0,37%). También están en nómina DAMA y VEGAP. Los tres grandes operadores privados (Tele 5, Antena 3 y Sogecable) tienen abiertos conflictos jurídicos con varias entidades de gestión, a las que Rodríguez reclama, ante todo, transparencia. "Algunas tienen normas bastante opacas respecto a los derechos económicos que recaudan y sobre el repertorio que representan". Agrega que pagar en función de los ingresos es "una injusticia". "Es una especie de tarifa plana en la que el listón está altísimo. Si eres una televisión con beneficios, se sobrelleva, pero si tienes pérdidas, es una losa sobre tu cabeza".
Carmen Rodríguez, directora de los servicios jurídicos de Antena 3, defiende que las entidades de gestión cobren en función del consumo que realizan las televisiones. Ilustra la situación con este ejemplo. "Telefónica nos cobra por el uso que hacemos de sus servicios, no nos exige una parte de nuestra nómina". Explica que el sistema que utilizan las entidades procede de la época en la que era imposible determinar el uso de los repertorios. "No había medios, pero ahora se conoce perfectamente. Por eso carece de sentido que puedan determinar tarifas de manera universal".
Tal y como recoge la Ley de Propiedad Intelectual, las televisiones piden que se establezca una "remuneración equitativa" y que se apliquen unas tarifas consensuadas con el sector, no fijadas unilateralmente por las empresas de gestión de derechos. Éstas responden que las tasas son públicas, aprobadas por el Ministerio de Cultura y auditadas, según explica un portavoz de AISGE, entidad que aplica una tarifa que equivale al 1,5% de los ingresos de las cadenas generalistas.
Por este concepto, AISGE cobró en 2006 un total de 23,2 millones de euros, a los que se añade 1,4 de las televisiones por cable. De toda la recaudación, la entidad detrae el 3,45% como tasa de administración. "El resto es para actores, dobladores, bailarines y directores de escena", aclara dicho portavoz.
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