La juez rechaza el recurso del ex jefe de Hacienda de Irún para salir de prisión
La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Irún, Almudena Ovejero, ha ratificado la orden de prisión, eludible con una fianza de 400.000 euros, contra José María Bravo, principal imputado en el caso del presunto fraude de la Hacienda de Irún. La juez desestima el recurso presentado por la defensa de Bravo, en el que pedía su puesta en libertad o una rebaja de la fianza, por la gravedad de los hechos, la existencia de riesgo de fuga y para evitar que el acusado pueda"alterar pruebas u ocultar dinero".
El letrado de Bravo alegó que su cliente siempre ha ido a declarar cuando ha sido requerido para ello y que no tiene ninguna intención de falsear pruebas. En el recurso, propuso rebajar la fianza, dado que los inmuebles de Bravo -cita el hotel y el spa que posee en Jerte (Cáceres)- "se encuentran gravados con varias hipotecas".
En su auto, fechado el pasado miércoles, la juez razona que la propia "gravedad de los hechos" justifica mantener al acusado en prisión preventiva, y añade que la Ertzaintza y la Fiscalía están investigando la existencia de nuevos perjudicados que aumentarían "considerablemente" la suma de la que presuntamente se apropió Bravo. Esta circunstancia podría llevar al imputado a "alterar las evidencias" de los supuestos delitos cometidos y "ocultar el dinero" que pudo haber obtenido.
Respecto al riesgo de fuga, considera que es "inherente" a la importancia de las penas a las Bravo que se enfrenta: ocho y seis años de prisión, respectivamente, por malversación de fondos y falsedad documental. Y recuerda que el acudsado posee una casa en la localidad francesa de Urrugne.
Un millón
La juez también rechaza rebajar la fianza, pues su cuantía "no se establece sólo en función de la situación económica del imputado", sino por la importancia del delito. Precisa que la fianza "no es desproporcionada" y recuerda que Bravo es titular o copropietario de múltiples propiedades en Jerte, Jaca (Huesca) e Irún.
Por otro lado, el juzgado ha exigido una fianza conjunta de un millón de euros a los cuatro imputados -Bravo, su esposa, Rosa Cobos; Pilar Gracenea y Pedro Atristain- para hacer a las posibles responsabilidades civiles que puedan derivarse si en su día son declarados culpables, según publicó ayer El Diario Vasco.
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