Ultimátum de los sindicatos si sigue el recorte de plazas de bachillerato en la red pública

Ultimátum de la enseñanza pública ante la ampliación de los conciertos educativos. Los cinco sindicatos de la enseñanza pública en bloque emplazaron ayer a los máximos responsables de la planificación educativa -que recae directamente sobre el subsecretario de Educación, Máximo Caturla, y el director general de Enseñanza, Josep Vicent Felip- a "garantizar que el proceso de concertación de bachilleratos no supondrá ninguna supresión de grupos, ni de puestos de trabajo en los institutos valencianos", resumió Miguel Ángel Vera, negociador de CC OO en la Mesa Sectorial.

Desde la federación de enseñanza de UGT, además, se denunció que "las tres Direcciones Territoriales de Educación están ordenando a los directores de IES restricciones en el número de grupos de bachillerato que se pueden ofrecer en el proceso de matriculación del curso 2007-2008", que está a punto de abrirse. Por ejemplo, al IES Mislata, con 71 alumnos de secundaria a punto de pasar a bachillerato, se le ha denegado la creación de tres grupos (en vez de dos que tiene) para poder matricular a todos los alumnos y dar continuidad a su vez a los que proceden de línea en valenciano. De consumarse la restricción, 13 alumnos tendrán que dejar su centro y pasar a un concertado.

También ayer mismo la presidenta del AMPA del IES Ausiàs March de Gandia, Mari Carmen Porta, denunció que "Educación ha comunicado ya a la dirección que el próximo curso tendrá que dejar de ofertar dos unidades de bachillerato, con lo que los alumnos sobrantes se distribuirán en concertados".

ANPE, sindicato de corte de centro derecha, reprochó ayer al Consell del PP que "la planificación de secundaria se ha hecho sin diálogo y sin negociación alguna", razón por la cual instó a la consejería a que "la concertación no afecte al recorte de puestos de trabajo, ni a la reducción de grupos".

El STEPV, por su parte, alertó de que "no se puede concertar más, ya que en los centros públicos hay plazas suficientes y de calidad". Y advirtió de que "las movilizaciones no pararán durante los dos años de vigor de la orden".

Recursos y protestas

La "privatización" denunciada desde la Confederación de padres Gonzalo Anaya supone un gasto público anual fijo de 600 millones sólo en conciertos educativos, y una pérdida de financiación para los centros públicos que reducen grupos.

Con todo, el "caos" en la matrícula se inició en febrero cuando la consejería ordenó (en paralelo al nuevo concierto) cambios en la adscripción de 10 colegios de Valencia a institutos de fuera de su zona de influencia, forzando con la redistritación a que los institutos que pierden a los alumnos de los colegios de sus áreas de influencia como el Serpis o el Ramón Llull estén obligados a aumentar los grupos para poder escolarizar a los alumnos de los nuevos colegios adscritos de otros barrios, con la consiguiente "masificación". El AMPA del Serpis, que ha recurrido la adscripción, amenazó con protestas en la consejería si no hay "una solución razonable".