La Xunta rechaza las obras de Iberdrola en el cañón del Sil para una central

Graves daños a la vegetación y un "notable" impacto en el paisaje. Eso es lo que, según la Consellería de Medio Ambiente, le espera al cañón del Sil si Iberdrola ejecuta su proyecto para horadar el enclave y construir una nueva central hidroeléctrica. El departamento de la Xunta pide en un informe al Ministerio de Medio Ambiente que prohíba las obras, que tienen el visto bueno inicial del Ayuntamiento de Parada do Sil (Ourense). Las perforaciones en el río, protegido por la Red Natura, originarían 1,5 millones de metros cúbicos de escombros "de difícil solución".

La central que proyecta Iberdrola en el embalse de San Esteban, en el cañón del Sil, bombearía el agua del río a una balsa ubicada a 800 metros de altura para luego dejarla caer por gravedad, turbinarla y producir electricidad. La Xunta sostiene que la ejecución de este aprovechamiento hidráulico provocaría en la zona la "pérdida definitiva" de castaños, brezales secos y vegetación propia de áreas rocosas y humedales. Así lo establecen los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, que alertan del "menoscabo" del paisaje que se causaría la infraestructura.

El proyecto presentado por la empresa prevé la construcción de un dique sobre las rocas de entre 20 y 40 metros de altura, una balsa de 37 hectáreas para almacenar agua, más de 4 kilómetros de túneles, una línea de evacuación con diversas torretas y varios viales de acceso. Debe ser autorizado por el Ministerio de Medio Ambiente y para tomar la decisión el departamento de Cristina Narbona ha pedido su opinión al Gobierno gallego. La consellería "desaconseja" la central porque invadiría el paraje denominado Zona de Especial Protección de los Valores Naturales Cañón do Sil y afectaría a hábitats catalogados por su alto valor ecológico.

El impacto visual, dice Medio Ambiente, sería "muy amplio", ya que la instalación se observaría "desde cualquier punto de los alrededores, en un ámbito de prácticamente 360 grados". La excavación de las "cavernas" donde se instalaría la central y los transformadores y de los túneles de acceso generaría 1,5 millones de metros cúbicos de escombros de "difícil solución", según el informe que la consellería ha remitido al ministerio.

Iberdrola pretende invertir en esta central, a la que ha bautizado como Santa Cristina, alrededor de 270 millones de euros, con una potencia prevista de 692 megavatios. La compañía pretende comenzar las obras en 2011 y poner a funcionar el aprovechamiento cinco años después.

El director general de Conservación da Natureza de la Xunta, Benito Reza, considera que la ubicación elegida para la central "no es la más adecuada", ya que el cañón del Sil es una "zona singular y paradigmática". En una intervención en el Parlamento gallego, Reza insistió en que el aprovechamiento hidráulico que pretende Iberdrola destruiría habitats de interés comunitario, algunos de ellos incluso prioritarios, e invadiría terrenos protegidos por la Red Natura. Explicó que es el Ministerio de Medio Ambiente el que "tiene la última palabra" sobre si el proyecto sigue adelante, aunque en caso de que la empresa plantee cambios para paliar el impacto o ubicaciones alternativas el Gobierno central volverá a pronunciarse.

La diputada del BNG, Ana Pontón, reclama que la Xunta mantenga en este asunto una "posición firme y clara" contra el proyecto y pide al ministerio "sensibilidad" para no autorizar ningún embalse o central más en los ríos Miño y Sil, unos cauces "saturados", dice Pontón, en los que el Gobierno central tiene las competencias.

El dilema local

Por el momento, las obras cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Parada do Sil por los millones de euros que traería a este municipio de 800 habitantes. El pleno de la Corporación aprobó antes de las elecciones la memoria inicial. El alcalde, Benito Carreño (PP), ahora en funciones, alegaba entonces que la empresa le ha garantizado que la obra no dañará la zona. Carreño calcula que las arcas municipales ingresarán 2 millones de euros sólo por la licencia municipal y que la explotación les reportará otro millón anual. Los comicios del pasado 27 de mayo han aupado al gobierno al PSOE, el mismo partido que controla la Consellería de Medio Ambiente, por lo que el respaldo municipal al proyecto está en el aire.