Combatientes sin juicio
George Bush estuvo ayer en Praga para hablar de libertad y Estado de derecho. Pero la vergüenza de Guantánamo pone de manifiesto su doblez a este respecto. Dos escrupulosos jueces militares de las comisiones que debían juzgar a dos de los 380 detenidos que aún permanecen en la base americana en Cuba han propinado un nuevo varapalo no sólo a la Casa Blanca y al Pentágono, sino también al Congreso al considerar que no se puede juzgar a estos presos al haber sido clasificados como "combatientes enemigos" pero no "ilegales", es decir, no haberse probado que violaban el derecho de la guerra que impide, por ejemplo, ir sin uniforme. Se trata del canadiense Omar Kadr, capturado en Afganistán en 2002 cuando tenía 15 años, y del yemení Salim Ahmed Hamdan, acusado de ser un conductor de Osama Bin Laden.
Los magistrados han actuado separadamente, pero coincidido en unas apreciaciones que pueden paralizar el juicio de al menos 80 supuestos criminales de guerra de los 380 detenidos en Guantánamo y poner en jaque todo el sistema, aunque no el principio mismo de su detención. En su día el caso de Salim Ahmed Hamdan ya provocó la intervención del Tribunal Supremo que obligó al Congreso a legislar para sacar a los presos en Guantánamo del supuesto limbo legal en el que se encontraban y juzgar a los "combatientes enemigos ilegales". Pero el Congreso rehusó darles la mínima garantía que supone el derecho al hábeas corpus.
El remiendo no ha sido suficiente. Los presos en cuestión habían sido clasificados por los paneles militares como meros "combatientes enemigos" antes de que el Congreso cambiara la ley. Ahora, tendrían que volver a clasificarlos uno por uno para añadir, en su caso, la condición de "ilegales". Sin ninguna garantía, pues en ese trámite los detenidos no tienen derecho a defensa ni a conocer las pruebas que supuestamente les incriminan.
Guantánamo es el faro de la vergüenza de una Administración que se presenta como defensora de las libertades. Es un escaparate de cómo Bush y su equipo entienden la guerra y su derecho, y a estas alturas no sirve sino para generar odio. El Congreso, ahora con mayoría demócrata, debería retomar la cuestión y volver a legislar para obligar a cerrar estos campos de detenciones, y ofrecer a estos presos todas las garantías de un juicio justo; y el Supremo, reexaminar la cuestión a la luz de lo ocurrido.
Es verdad que la independencia de estos jueces militares, como en su día la del comandante Charles Swift, defensor de Salim Ahmed Hamdan, ha permitido poner de relieve una nueva contradicción legal. A diferencia de este yemení y del joven canadiense, otro preso australiano en condiciones similares prefirió declararse directamente culpable y ha sido enviado a su país. En el caso del llamado talibán español, Abderramán Ahmed, el Tribunal Supremo de España consideró, correctamente, inválidas todas las declaraciones bajo presión en Guantánamo. Este centro de reclusión es una aberración y debería ser cerrado ya. Al menos, Bush haría con ello un favor a su sucesor en la presidencia de EE UU y al mundo.
