El alcalde de Salceda permite a su promotora continuar obras ilegales que él mismo paralizó

Viviendas Caselas, la promotora en la que participa como socio el alcalde en funciones de Salceda de Caselas, José Manuel Fernández, 'Chicho', continúa de modo encubierto las obras de construcción de un edificio que el propio alcalde había paralizado por las evidencias de ilegalidad. Es una de las múltiples herencias controvertidas que Chicho pretende dejar a su sucesor en el cargo, Marcos Besada. Las elecciones dieron un vuelco político en Salceda, que en el próximo mandato tendrá regidor nacionalista, tras 31 años de mandato del actual alcalde del PP.

Las denuncias contra las ilegalidades del edificio de 32 viviendas que promueve Viviendas Caselas en Rosalía de Castro 29 parecen no surtir efecto. Empezaron a formularse en el ayuntamiento en diciembre, cuando, al retirarse la lona que las cubría, se hicieron ostensibles sus excesos de alturas, vuelos y aprovechamiento bajo cubierta, además de invadir la vía pública sin respetar las alineaciones. Chicho, alcalde y promotor, agotó todos los plazos antes de ordenar su paralización el 5 de marzo. No obstante, las obras continuaron, por lo que la Fiscalía de Pontevedra tramita una denuncia que las paralizó momentáneamente.

Los obreros volvieron luego a trabajar en el interior del edificio y, según los vecinos, "a marchas forzadas". La fachada está acabada, sólo faltan las barandillas de los balcones. En el interior, las obras han adelantado mucho en las últimas semanas. La entrega de los pisos estaba prevista para el mes de mayo y el principal objetivo ahora es acortar al máximo la demora, aunque no está claro que a Chicho le dé tiempo a otorgar las licencias de ocupación, que dificultarían la posible ejecución posterior de derribos para restablecer la legalidad urbanística.

El de este edificio es uno de los múltiples embrollos que Chicho dejará como herencia administrativa a la nueva corporación, según presume el virtual acalde, Marcos Besada, del BNG. Las cajas con cuadros y documentación ya han empezado a salir del archivo municipal, como algunos vecinos han visto en los últimos días, con concejales y funcionarios manos a la obra. "Habrá cosas que sean personales suyas, nadie lo duda. Pero no parece correcto que actúe sin el menor control". Algunos documentos tampoco han aparecido antes.

Es lo que sucede, por ejemplo, con la licencia de actividad de una nave dedicada a cortar granito a la orilla del río Landres. Realiza su actividad al aire libre, contaminando el aire y el río. Ni el emplazamiento ni las instalaciones, con las balsas de lodos abiertas a filtraciones, reúnen las condiciones más elementales para desarrollar la actividad y por eso han sido multadas en un par de ocasiones por el Seprona. En el ayuntamiento aseguran que le fue concedida licencia de actividad por una comisión de gobierno cuya acta, sin embargo, no aparece.

Denuncias pendientes

El titular de esas instalaciones, Julio Sestelo Burgo, ha tenido un ascenso empresarial meteórico. Empezó a cortar granito en unas rudimentarias instalaciones que fue ampliando y junto a las que ahora ha construido una enorme casa que por volúmenes y estructura vulnera la normativa urbanística.

Metido a promotor, también ha sido denunciado por los excesos en al menos dos edificios, uno acabado y otro en obras, promovidos por él. El hecho de que Sestelo construya en solares de la suegra del alcalde o que en el ático del edificio acabado viva una de sus hijas parece indicar que Chicho, aunque en algún momento mandó formalmente paralizar las obras, no concede crédito a las denuncias.

Tampoco aparece documentación que certifique la existencia de un camino público en el terreno de la casa familiar de dos octogenarios que un buen día, hace tres años, se vieron invadidos por maquinaria y operarios municipales, dispuestos a construirlo. El camino justificaría la licencia, concedida a un ex concejal popular, para construir una casa en una parcela sin vial de acceso. La oposición drástica de familiares y vecinos determinó al interesado a comprar el terreno, con la mediación del alcalde Chicho, sin reparar en la contradicción de que unos particulares pudieran vender una propiedad que el Ayuntamiento asegura -verbalmente, sin documentos que lo prueben- ser municipal. Por esta actuación, el alcalde Chicho tendrá que responder en los tribunales a una querella criminal por los supuestos delitos de prevaricación y coacciones.

El alcalde tendrá que responder de posibles delitos contra la Administración Pública y de falsedad documental por certificar en falso, en 2003, la realización de una mejora en la iluminación de los accesos a una zona industrial que permitió al ayuntamiento cobrar 40.000 euros de subvención de la Xunta.