Marlaska archiva el caso del Yak y dice que Defensa no tenía que verificar nada

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha archivado el caso del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares españoles, al no apreciar indicios de imprudencia por parte de los entonces responsables del Ministerio de Defensa. El sobreseimiento supone la conclusión del proceso a los tres años de su inicio, por un juez recién incorporado que ha denegado la práctica de todas las pruebas que se le habían pedido antes de declarar que la culpa fue de la falta de preparación de los pilotos y que los funcionarios de Defensa no tenían que verificar que el avión estuviese en perfecto estado.

El archivo de la causa por imprudencia con resultado de muerte contra los responsables de Defensa no afecta, en principio, a las responsabilidades por las irregularidades cometidas en la entrega de los restos mortales de los militares a sus familias, sin que previamente se hubieran identificado los cadáveres. Esta parte de la causa se sigue investigando. En el accidente murieron los 62 militares españoles y siete tripulantes.

El juez insiste en la idea de que los funcionarios de Defensa, ministerio entonces dirigido por Federico Trillo-Figueroa, del PP, no tenían "ninguna obligación concreta" de verificar que la aeronave se encontrara en perfecto estado de mantenimiento, además de que "ninguna anomalía en esos términos ha quedado acreditada". Tampoco correspondía a ningún funcionario de Defensa, según Grande-Marlaska, "comprobar previamente que la tripulación gozaba de las necesarias licencias", y menos "que recibían los necesarios cursos de formación y que se cumplieran los necesarios horarios de descanso".

Estas obligaciones, según el juez, correspondían a la empresa contratista, pero debían realizarse con anterioridad, y no "como conclusión al siniestro mismo".

Para el juez, las causas del siniestro en las cercanías del aeropuerto de Trabzón (Turquía), el 26 de mayo de 2003, no fueron las circunstancias relativas al estado y mantenimiento de la aeronave, sino la falta de preparación de la tripulación, así como las condiciones de cansancio y estrés consecuencia de las primeras maniobras frustradas de acercamiento. Grande-Marlaska se aferra al informe pericial de 29 de julio de 2005 de la Comisión Internacional de Investigación, del que, según el juez, se desprende que el siniestro fue causado por una concreta conjunción de circunstancias, "imputables todas ellas a la gestión de la empresa UM AIR, quien explotaba la actividad del Yak-42 siniestrado"

En concreto, refiere que los pilotos no habían recibido entrenamientos adecuados en relación con el curso de CRM (control de gestión de cabina), así como el curso de CFIT para Yak-42D. Tampoco consta que ninguno hubiera aterrizado antes en el aeropuerto de Trabzón, caracterizado por una orografía montañosa. Además, la fatiga, consecuencia de las horas y circunstancias de los vuelos, determinaron el que se valorara inadecuadamente la realidad.

Por el contrario, el juez destaca que el avión se encontraba "en perfectas condiciones técnicas", había pasado "todos los controles de mantenimiento y era apto para volar", independientemente de que no funcionara el CVR (control de voz en cabina) desde hacía 45 días, aunque sí el FDR (aparato registrador de los datos de vuelo). Agrega Grande-Marlaska que "aun cuando no eran fiables los marcadores del combustible", éste era suficiente, incluso para dirigirse al aeropuerto señalado como alternativo.

"Cuestión distinta sería la de valorar la pertinencia o no de haber establecido mayores elementos de control por parte de las autoridades españolas", si bien añade que esas circunstancias conllevarían responsabilidades de índole distinta a la penal.

El juez concluye denegando la práctica de las diligencias de instrucción complementarias que habían solicitado los familiares de los militares fallecidos antes de ordenar el sobreseimiento.