No sólo asuntos sociales
¿Qué podemos esperar del aumento de mujeres en nuestros ayuntamientos y diputaciones? Las elecciones municipales del 27 de mayo serán conocidas como las primeras de las listas paritarias, aquéllas que abrieron las puertas del gobierno local a un importante número de mujeres en nuestros pueblos y ciudades andaluzas. Nos preguntamos si esta nueva realidad contribuirá a mejorar la actividad política y la gestión de los intereses generales.
La ley para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada en el cercano mes de marzo, obligó a los partidos políticos a presentar candidaturas con un mínimo del 40% de cada sexo, distribuidos en tramos de cinco en las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Esto es, en el tramo de cinco, al menos dos mujeres y dos hombres. Pretende que los órganos de gobierno reflejen la sociedad que han de gestionar, mitad hombres y mitad mujeres, asegurando una representación suficientemente significativa de ambos.
Esta medida se traducirá en un aumento del número de mujeres en los plenos de los ayuntamientos y diputaciones; y gracias a ella podemos decir que, tras las elecciones del 27-M, se ha dado un paso más, un paso importante, en la tarea de desactivar una herencia cultural de siglos, que ha diseñado toda clase de estrategias para excluir a las mujeres del espacio público y relegarlas al espacio privado de la casa y la familia. Desde negarle por ley la capacidad de vender, comprar o trabajar, hasta someterla a la potestad del marido "por naturaleza, religión e historia", como decía una ley de 1970 reguladora de la capacidad de obrar de la mujer casada.
Un paso más y un paso importante -hay otros en el mismo sentido como el reciente Estatuto de Autonomía-, pero aún queda camino por recorrer y curvas que demoran. La experiencia demuestra que los avances en derechos de las mujeres arrastran resistencias interesadas en mantener el tradicional reparto de espacios y de poder. Resistencias a veces explícitas y otras, las más, subliminales y difíciles de detectar.
Si hacemos un recuento de las mujeres que han tenido responsabilidades políticas municipales hasta la fecha, comprobaremos que mayoritariamente han ocupado concejalías tales como de Asuntos Sociales, Bienestar, Ferias y Festejos, Cultura... son pocas las que se han encargado del urbanismo, la gestión del dinero municipal, la organización o de la seguridad. Y menos aún las que han llegado o llegarán a presidir ayuntamientos importantes, como son los casos excepcionales de Córdoba, Cádiz, Jaén o Jerez.
Este escenario nos dice que siguen funcionando los estereotipos que vinculan al sexo femenino con los valores de "cuidado o atención", con las ideas de "sentimentalidad y emotividad". Valores que tradicionalmente se han escrito en el papel asignado por la cultura a las mujeres para así adjudicarles el espacio de lo privado.
Las políticas sociales forman parte del armazón de las sociedades solidarias y es importante garantizar su correcto funcionamiento. Pero las políticas sociales no son sólo las dedicadas a la asistencia y atención de grupos sociales desfavorecidos. También es social la política activa que defiende los intereses generales de su ciudadanía: una política municipal rigurosa que evite la destrucción de su territorio (urbanismo); que favorezca la conciliación de la vida personal y laboral (organización y diseño de ciudad); y que proteja el medio ambiente.
A mayor número de mujeres, mayor posibilidad de que adquieran responsabilidades en áreas claves de la gestión municipal, como la económica o urbanística, y esto podría beneficiar a la población afectada si las nuevas responsables asumieran la perspectiva de género en la gestión. No se puede esperar de todas, pero bastaría con el ejemplo de aquéllas que, en su gestión, incluyeran los intereses, necesidades, realidades y puntos de vista de mujeres y hombres en cada aspecto, a nivel de una política, plan o programa municipal.
La sociedad española y la andaluza iniciaron el camino para desactivar una cultura que aparta a la mujer de los ámbitos de decisión. En el ínterin y hasta la constitución de los nuevos ayuntamientos y diputaciones -tiempo de pactos y reparto de poder municipal- lo coherente sería mantener el camino y romper estereotipos con mujeres responsables de áreas que no sólo sean de bienestar o asuntos sociales.
Inmaculada Montalbán Huertas es magistrada y Premio Nacional del Consejo General del Poder Judicial
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