Barberá mantiene cerrada la subestación de Patraix
Industria aún no ha analizado el dictamen de Red Eléctrica

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, mantiene cerrada la subestación de Patraix 15 días después de la explosión. Barberá, que no asume responsabilidad sobre la instalación, espera una reacción del Ministerio de Industria. Joan Clos afirmó ayer que aún no ha visto el informe de Red Eléctrica Española (REE). El ministro hablará con las "administraciones responsables" para "discernir" el futuro de la central.
La empresa dice que ha enviado al Consell y la Subdelegación del Gobierno su informe
El ministro aseguró en una visita a Ford Almussafes que se dirigirá a las "administraciones responsables" cuanto esté concluido el informe "para discernir el futuro" de la central eléctrica. "Una vez tengamos ese informe procederemos a actuar en consecuencia", dijo Clos, que vio "precipitado" anunciar medidas. Paradójicamente, REE afirmó ayer que había remitido el lunes a la Generalitat y a la Subdelegación del Gobierno sus conclusiones, que no quiso desvelar. Sin embargo, tanto fuentes de la Consejería de Infraestructuras -que ha abierto un expediente- como de la Subdelegación aseguraron que aún no han recibido el dictamen de la empresa, que es pública en un 20%. Industria confirmó por la tarde que el informe había sido remitido, aunque tampoco ha pasado aún a manos de Clos.
REE es propietaria de la subestación de Patraix junto a Iberdrola, que intenta evitar la polémica y no se pronuncia sobre el asunto. Ambas empresas advirtieron de que el cierre puede desembocar en cortes de fluido si la red se satura con la llegada del calor.
La avería que causó la deflagración se produjo en la zona de intersección del cable de alta tensión de REE con el transformador de Iberdrola, que luego lanza la electricidad a la red. Según el parte de los bomberos, hubo un escape de hexafluoruro de azufre, un gas que sirve de aislante.
La central está parada por orden de la alcaldesa, Rita Barberá, desde que se produjo la explosión el 15 de mayo, en plena campaña electoral. La alcaldesa responsabilizó del suceso al Gobierno, a pesar de que ella concedió las licencias de obra y de funcionamiento para una actividad inocua. Además, escogió el emplazamiento de la subestación. Según fuentes municipales, la Policía Local custodia la entrada, pero ayer sobre las 14.30 no había agentes ante la subestación.
Tras varias manifestaciones en contra de la instalación, la polémica volverá mañana al hemiciclo municipal. Barberá ha convocado, pasadas ya las elecciones, el pleno extraordinario pedido por los socialistas y EU-L'Entesa para debatir la clausura y el traslado de la subestación. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, aseguró durante la campaña que el Ayuntamiento sólo permitirá la reapertura de la subestación por orden judicial o del ministerio.
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