El TSJ suspende el acuerdo de las Cortes sobre las pensiones
La sección segunda de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha acordado la suspensión cautelar del acuerdo sobre pensiones y otras prestaciones económicas de los diputados autonómicos aprobada en las Cortes Valencianas a finales del pasado año y modificada tres meses después. La norma garantiza a los parlamentarios, cuando se jubilen, el 80% de la paga máxima con sólo 7 años de mandato y el 100% en el caso de que hayan permanecido 11 años en la Cámara. Aparte de estas ventajosas condiciones para el cobro de la pensión, el acuerdo prevé el pago de indemnizaciones por cese a los diputados que abandonen las Cortes después de ocupar un escaño durante al menos dos años. Se trata de una especie de subsidio de desempleo que podría representar para la Cámara un desembolso de hasta 860.000 euros.
La Cámara valenciana copió para sus parlamentarios el Reglamento del Congreso de los Diputados, aunque luego lo modificó para mejorar sustancialmente la indemnización por cese, que quedó establecida en un sueldo íntegro por año de mandato, en vez del sueldo base, con un límite de hasta 24 mensualidades. Además, eliminó la referencia a la percepción mensual de la cantidad que pudiera corresponder, de manera que ésta se pueda percibir de golpe. Así, un diputado que no repita ahora podría recibir en un solo pago la cantidad equivalente a lo que ha cobrado durante los dos últimos años. Y es este último aspecto uno de los que, por lo que avanza el auto del TSJ conocido ayer, serán anulados por el tribunal.
Anulación
El auto dictado por el TSJ es la antesala de una vista oral que se celebrará en los próximos días y en la que se dictará sentencia. A tenor del contenido del auto del TSJ conocido ayer que decreta la suspensión cautelar del acuerdo de las Cortes, el alto tribunal sólo dará validez a una parte del mismo y anulará parcialmente el resto. La suspensión cautelar llega cuando en las Cortes algunos diputados salientes, así como antiguos parlamentarios, ya habían tramitado solicitudes para acogerse a las ventajas que representa el acuerdo. Las Cortes se constituyen de nuevo el 14 de junio conforme a los resultados de las elecciones autonómicas del pasado domingo y ese mismo día los diputados que han ocupado un escaño en la sexta legislatura y no repiten pierden su condición de parlamentarios. Y es a partir de ese momento cuando pueden beneficiarse de las ventajas económicas del reglamento sobre pensiones.
El acuerdo de las Cortes fue recurrido ante el TSJ por Coalición Valenciana y por otro partido de la ultraderecha, Falange, en este caso ante el Defensor del Pueblo y el Gobierno central, que rechazaron los recursos. Según el partido blavero, el acuerdo sobre pensiones adoptado por las Cortes constituye un supuesto de nulidad de pleno derecho puesto que infringe tanto la Constitución Española como la legislación vigente en materia de Seguridad Social, que es competencia exclusiva del Estado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- TSJCV
- Política nacional
- VI Legislatura Comunidad Valenciana
- Salarios políticos
- Gobierno autonómico
- Pensiones
- Parlamentos autonómicos
- Comunidades autónomas
- Generalitat Valenciana
- Prestaciones
- Tribunales
- Administración autonómica
- Política autonómica
- Función pública
- Comunidad Valenciana
- Poder judicial
- Seguridad Social
- Parlamento
- España
- Política laboral
- Proceso judicial
- Política
- Trabajo
- Administración pública
- Justicia