Una policía joven con muchos vicios viejos

"Creía que Guantánamo quedaba un poco más lejos". Eso es lo que declaró Rubén Pérez al salir del juzgado, el 18 de abril. Acababa de relatar al juez la paliza que le propinaron cuatro mossos en la comisaría barcelonesa de Les Corts. Días después, se difundieron las imágenes y la policía autonómica se situó en el centro de una polémica, de la que no ha escapado. No es la primera vez que los Mossos d'Esquadra se ven envueltos en episodios de supuestos malos tratos, un hecho que sorprende en una policía nacida y desarrollada en democracia.

En los últimos días, dos polémicos episodios han puesto en entredicho aún más la labor policial. Varios mossos utilizaron un kubotán -una especie de punzón de plástico- para reprimir una reciente manifestación okupa. Se trata de un arma ilegal que sirve para inmovilizar y cuyo uso regulará ahora la Generalitat. Además, un joven detenido, esposado, trató de huir por la ventanilla del coche patrulla que le trasladaba. Murió. El mosso que conducía frenó y el chico, ya en el techo, cayó de cabeza.

Los Mossos no han sabido incorporar la experiencia de Guardia Civil y policía nacional

"Es un cuerpo nuevo que suple con arrogancia su falta de preparación"

El primer incidente histórico grave sentó en el banquillo a 16 mossos por apalear a un magrebí en una comisaría de la Costa Brava, en 1998. La grabación sonora registró los golpes de los policías y los ruegos del detenido. La Justicia sentenció que hubo torturas, pero absolvió a los policías por falta de pruebas. Sí fueron condenados, en cambio, dos agentes que emplearon una violencia excesiva para reducir a unos jóvenes que se peleaban en Lleida. Igual que otros dos agentes que obligaron a un detenido a desnudarse y a hacer flexiones en comisaría. La juez apreció como atenuante la "corta experiencia laboral de los acusados".

La inexperiencia, unida a la juventud de la mayoría de los agentes, son las críticas más habituales dirigidas a los Mossos. Para Jaume Asens, de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, esos factores son el origen de los excesos. "Es un cuerpo nuevo que suple con arrogancia su falta de preparación. El exceso de celo les lleva a detener cuando no hace falta". La estadística judicial ratifica su tesis. 2006 fue el primer año en que este cuerpo se encargó de la seguridad ciudadana en Barcelona. Fue cuando se practicaron más detenciones: 28.048, frente a las 21.403 de 2005. En los 9 años previos a la llegada de Mossos, la horquilla había oscilado entre 20.000 y 23.000 detenciones.

El aumento se explica por la modificación del Código Penal en materia de violencia doméstica, que convirtió en delitos hechos que hasta entonces eran falta, argumenta Joan Miquel Capell, máximo responsable del cuerpo en Barcelona. Sea como fuere, hay un dato muy ilustrativo: sólo el 6,5% de los detenidos en Barcelona en 2006 acabó en prisión. El año 1997, por ejemplo, fue el 10,8%.

Si la policía catalana ha adquirido ya algunos vicios de otros cuerpos, no es menos cierto que los Mossos siempre rechazaron nutrir sus filas con la savia de Policía Nacional y Guardia Civil. El porqué está en los planteamientos de CiU, deseosa de crear una policía propia no "contaminada". Así, el guardia civil o policía que quisiera ser mosso debía pasar las mismas pruebas que cualquier aspirante. Su experiencia no le servía.

Esos agentes se sintieron despreciados y cuando se quiso rectificar ya era tarde. En 2003, se acordó reservarles un 15% de las plazas de cada promoción y facilitarles el acceso con un curso puente. Pero los policías y guardias civiles respondieron que no: de las 551 plazas reservadas, sólo cubrieron 103.

El Departamento de Interior de la Generalitat, en manos del ecosocialista Joan Saura, atribuye a ese rechazo buena parte del déficit de 600 efectivos que sufre hoy la policía catalana. El cuerpo cuenta con 11.757 efectivos que ya patrullan por toda Cataluña, excepto por la provincia de Tarragona.

La creación de los Mossos tampoco fue ajena a la coyuntura política. En 1997 el Gobierno del PP necesitaba el apoyo de CiU, de modo que hizo concesiones y traspasó a la Generalitat las competencias de tráfico, una reivindicación que no estaba prevista. Eso requirió que la Escuela de Policía de Cataluña empezara a producir a pleno pulmón. Al principio no faltaron candidatos y por cada plaza convocada había 15 personas. Hoy la proporción ha descendido a 9 solicitantes. Y eso que se abrió el grifo: en 2002 se redujo la edad de los aspirantes de 20 a 18 años y la estatura mínima para las mujeres pasó de 165 a 160 centímetros.

Desde entonces, planea la duda de si los candidatos más idóneos son jóvenes sin vocación ni estudios, que ven en la policía una salida laboral. El catedrático de Derecho Administrativo de la UAB, Manuel Ballbé, tiene clara la receta: "Los estudios de países desarrollados demuestran que las policías más eficaces y profesionales son las que tienen más agentes con estudios universitarios en sus filas".

El actual director de la escuela, Carlos González (hubo antecesores suyos muy autoritarios, como Jesús Rodés), dice que el 10% de los alumnos suspenden porque los instructores detectan actitudes poco recomendables para empuñar un arma. "Algunos son agresivos, otros no tienen iniciativa". Los responsables de Interior admiten otro lastre: la falta de arraigo. Al contrario que policías y guardias civiles, los mossos no conocen el terreno, ni a los vecinos, ni sus costumbres, sino que van cada día de casa al trabajo. Así, se sienten inseguros y eso les hace adoptar actitudes prepotentes. Nada que ver con el modelo de policía de proximidad.

En 2006, dos actos multitudinarios -un botellón en el barrio barcelonés del Raval y la celebración del título europeo del Barça- pusieron en duda la capacidad de los Mossos: ambos episodios acabaron con multitud de detenidos, heridos y destrozos en los comercios. A su frente estaba entonces la socialista Montserrat Tura.

Los mandos policiales se lamentan en privado de que a Saura no le fascina la responsabilidad policial y prefiere dedicar más tiempo a su otra cartera, la de Relaciones Institucionales. Además de las cámaras ocultas, el consejero ha lanzado otras iniciativas para atajar malas prácticas, como un Comité de Ética. Se entrelazan con los episodios de crisis. Sus próximos le defienden atribuyendo la cascada de críticas a la campaña electoral: la oposición ha pedido su cabeza.