Más autonomía financiera y una solidaridad distinta

El modelo de financiación que recoge el Estatuto no supone un cambio de modelo, pero sí una vuelta de tuerca al sistema actual en dos direcciones. Por un lado, mejora la autonomía financiera de las comunidades; es decir, más dinero procedente de los impuestos y menos de transferencias del Estado. Por otro, redefine el mecanismo de solidaridad interterritorial; esto es, el dinero que va de las regiones más ricas a las pobres.

El modelo actual, pactado en 2001, se puso en marcha en 2002 sobre la base de los datos de 1999. Ése fue el año usado para los cálculos de las necesidades financieras de las comunidades. Pero el boom migratorio y las presiones sobre el gasto público autonómico lo han dejado anticuado.

El propio vicepresidente económico, Pedro Solbes, admite que el sistema "no ha funcionado, y los recursos de las comunidades son insuficientes". Tras un primer primer retoque destinado a paliar el déficit sanitario, ahora toca la financiación.

El Estatuto da de margen hasta agosto del año que viene para diseñar la arquitectura del nuevo modelo, y hasta agosto de 2011 para su puesta en marcha.

- Más recursos. La autonomía tributaria derivaría de la elevación de los impuestos cedidos parcialmente: hasta el 50% del IRPF y el IVA y el 58% de los impuestos especiales. La propuesta inicial abogaba por introducir el impuesto de sociedades, pero el equipo de Solbes se negó arguyendo que podría suponer la ruptura de la unidad de mercado. Esta figura tributaria es una de las que más ha crecido en los últimos años.

La nueva cesta beneficia, en general a las comunidades más dinámicas, según el Ministerio de Economía, pero aclara que nadie saldrá perjudicado.

- Solidaridad. Es tal vez el elemento más polémico. El Estatuto fija principios básicos, pero no los desarrolla. El encargado de cuadrar el círculo será el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPPF), dada la obligada multilateralidad de los mecanismos de nivelación. Lo único que proclama el texto estatutario catalán es que la aplicación de dichos mecanismos no puede alterar la posición de Cataluña en la clasificación de rentas per cápita entre las comunidades antes de la nivelación.

- Inversiones. Las inversiones en infraestructuras deben equipararse al peso del producto interior bruto (PIB) catalán -que hoy es del 18,8%- en un periodo de siete años.