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Editorial:

El debate ausente

Aunque el urbanismo salvaje y la corrupción inmobiliaria se mencionan continuamente en la campaña electoral, lo cierto es que en realidad no han sido objeto del debate político que merecen. Casos como los de Andratx, Telde, Alicante, Ciempozuelos, Marbella o el caso Fabra se utilizan de forma irresponsable como arma arrojadiza de unos partidos contra sus adversarios; pero en ningún caso los ciudadanos tienen la sensación de que el Gobierno, la oposición, los ayuntamientos y las comunidades autónomas tengan un programa articulado contra la corrupción del ladrillo y, lo que es peor, cunde la sospecha de que su denuncia desaparecerá de la escena en cuanto se eche el cierre de las elecciones después del 27 de mayo. La diferencia entre los partidos mayoritarios radica en que el PSOE muestra una sensibilidad mayor a los indicios de fraude que aparecen entre alcaldes y concejales. Pero esta diferencia, con ser importante, no basta, porque los socialistas tampoco están ofreciendo a los ciudadanos un plan coherente contra la corrupción urbanística en los municipios donde vayan a gobernar.

Sin embargo, el caos inmobiliario tiende a agravarse y exige planes concretos y urgentes, porque la plaga de cemento ya es un hecho inocultable. Un informe del Observatorio de Sostenibilidad calcula que en 2005 el 30% de los dos primeros kilómetros de costa en el litoral mediterráneo estaban construidos -en 2000 el porcentaje era del 26%- y es de temer que hoy ese porcentaje sea mayor. ¿Cómo se frena este disparate especulativo? Las soluciones no se acaban en la bienintencionada Ley del Suelo que acaba de promover el Gobierno. Es necesario, además, coordinar la urbanización del territorio con criterios más restrictivos que los que usan ayuntamientos y comunidades autónomas. Es urgente instaurar controles independientes en los ayuntamientos, reforzando el papel de los secretarios municipales, quizá convirtiéndolos en interventores del Estado. Es obligado construir una fiscalía especial que disponga de medios holgados para instruir la persecución de los delitos. Por descontado, hay que revisar las fuentes de financiación municipal, porque el sistema actual atrae las comisiones delictivas y al cohecho como el imán a las virutas de hierro; y derribar una por una las construcciones que no cumplan las leyes.

Estas exigencias están hoy fuera del debate político. Probablemente tampoco formarán parte de él después de los comicios del próximo domingo. Es verosímil que los votantes acaben por perder la confianza en los políticos que gobiernan los ayuntamientos y las autonomías y que esa desconfianza se manifieste en forma de abstención. Sobre todo si los partidos insisten en presentar como candidatos a gestores imputados por prácticas corruptas (Fabra, en Castellón, supera todo lo imaginable). Son éstas las listas que deberían recibir el mayor castigo electoral.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 25 de mayo de 2007