La travesía del desierto de López Obrador

La fotografía de Andrés Manuel López Obrador, ataviado con la banda presidencial mexicana, está en todos los despachos. También cuelga en la pared de la entrada, donde un policía municipal del Gobierno de Ciudad de México pide la identificación al visitante. Las 12 secretarías (ministerios) están repartidas entre las cuatro plantas del edificio, situado en la zona más pobre de un barrio rico. Es la sede del Gobierno legítimo de México, autoproclamado por López Obrador en un acto multitudinario celebrado en septiembre pasado. Fue la culminación de las movilizaciones de protesta del candidato perdedor de las elecciones presidenciales del 2 de julio contra lo que consideró un fraude que le privó de la presidencia de México.

"Somos un movimiento ciudadano no identificado con partidos políticos", dice el economista Mario di Costanzo, en su despacho de secretario de la Hacienda Pública. "El Gobierno legítimo es un referente permanente de la ilegitimación y usurpación de Felipe Calderón, no obstante el vacío y contracampaña de los medios de comunicación", señala Emilio Ulloa, diputado federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que pertenece López Obrador. El "candidato de los pobres", como gustaba presentarse, ha perdido buena parte del protagonismo que adquirió antes, durante y después de las controvertidas elecciones. Pero su postura no ha variado un ápice. Empecinado en presentarse como el "presidente legítimo", López Obrador recorre el país para descalificar todas y cada una de las acciones del Gobierno de Felipe Calderón, a quien califica de "pelele" y "espurio".

Diez meses después de las presidenciales, el poder de convocatoria del líder más carismático de México ha perdido fuelle. Sus mítines ya no congregan a las masas de antaño. En las elecciones locales del Estado de Yucatán, celebradas el domingo, el PRD apenas llegó al 2,4% de los votos. También retrocedió en octubre pasado en Tabasco, Estado natal de López Obrador. El partido está profundamente dividido y los cargos públicos (alcaldes, diputados o gobernadores) desarrollan sus funciones institucionales con normalidad.

Inasequible al desaliento, López Obrador sigue el peregrinaje a lo largo y ancho de su país, que tiene mucho de travesía del desierto y sólo interrumpe los lunes para presidir la reunión semanal del Gabinete legítimo. El presidente escucha las iniciativas de sus ministros, algunas de las cuales han sido presentadas en el Congreso a través de los parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP). Sus colaboradores le informan de cómo avanza la entrega de credenciales de adhesión al Gobierno legítimo y discute los distintos temas de actualidad. Según Di Costanzo, "hay unos 900.000 adherentes o representantes del Gobierno legítimo en todo el país". ¿Qué requisitos se piden al adherente? Una identificación, simpatizar con el movimiento y el compromiso de acudir a las concentraciones y movilizaciones. Eso es todo. Los adherentes obtienen una credencial con su foto y quedan registrados en un padrón de manejo exclusivo de AMLO, iniciales de Andrés Manuel López Obrador.

La mayoría de los integrantes del Gobierno legítimo colaboraron con López Obrador en su etapa de alcalde del Distrito Federal o han sido diputados del PRD. El responsable de Relaciones Internacionales, el diplomático Gustavo Iruegas, es prácticamente el único independiente. "No nos consideramos un Gobierno en la sombra, porque no somos parte del sistema", explica. En el área de su competencia, asegura que la mayor diferencia con el Gobierno del conservador Felipe Calderón es la relación con Estados Unidos: "Van a ofrecer el territorio nacional para que sea incluido en el perímetro de seguridad de EE UU".

El personal del Gobierno legítimo incluye 12 secretarios, 12 asistentes, 24 subsecretarios, 12 administrativos y los ocho integrantes del equipo del presidente López Obrador. En total, unas 70 personas. El presupuesto ronda los 700.000 pesos mensuales (unos 48.270 euros). El sueldo de un secretario, según Mario di Costanzo, es de unos 40.000 pesos al mes (2.750 euros). La financiación procede de donativos y de la Fundación Honestidad Valiente, que se dedica a recaudar fondos.