Defensa abre la vía para detener las obras de 1.200 viviendas por el 'caso Alhendín'

El Ministerio de Defensa ha abierto un expediente sancionador contra la promotora Frai por vulnerar las servidumbres aeronáuticas de la Base de Armilla (Granada), al construir 1.200 viviendas cuya altura podría poner en peligro el aterrizaje de los aviones. El promotor de Frai, Fernando Rodríguez, está imputado en el caso Alhendín por las presuntas irregularidades de dicha promoción. Además, el ministerio censura a la Jefatura de la base por haber contactado con el Ayuntamiento de Alhendín, y provocar un "evidente retraso" en las resoluciones para evitar la invasión de la servidumbre aérea.

Manuel Fernández: "Los militares no van a medir, se la metemos doblada y a tomar por culo"

El Ministerio de Defensa considera que el aterrizaje de sus aviones en la Base Aérea de Armilla está en peligro por culpa de 1.200 viviendas, que la promotora Frai construye a dos kilómetros de la pista de despegue, y se dispone a detener las obras. La Dirección General de Infraestructura, en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS, denuncia que las edificaciones "infringen las limitaciones de altura contempladas en el Real Decreto 511/89, por el que se definen las servidumbres aeronáuticas de la Base Aérea de Armilla". Por ello, el ministerio ha abierto un expediente sancionador, a cuyo instructor compete "acordar cautelarmente las medidas pertinentes (paralización de obras, etc.) para impedir mayores perjuicios".

Defensa insiste en la necesidad de tramitar "con la mayor celeridad" tanto el expediente sancionador como el informativo, incoado hace ya un año, para poner freno a "la proliferación de edificaciones y grúas". La Dirección General remite dicho documento al 2º Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire para informarle de que la Jefatura de la Base ha usurpado funciones que le corresponden, al mantener "sucesivos contactos con el Ayuntamiento de Alhendín". A continuación, pone de relieve que dichos contactos con el consistorio "han supuesto un evidente retraso en la adopción de cualquier resolución, al tiempo que la vulneración de las servidumbres se ha consolidado de forma evidente".

Esta invasión de la servidumbre aeronáutica de la instalación militar por parte de la promotora Frai, supone la constatación de un capítulo más del caso Alhendín (5.600 habitantes), en el que ya están imputadas 14 personas entre políticos, técnicos municipales y empresarios. Pero un capítulo muy grave que no sólo supera la edificabilidad prevista para bloques de seis plantas, sino que afecta a la seguridad aérea por la supuesta ambición del promotor Fernando Rodríguez Acosta y la del ex alcalde, José Guerrero (PP), y su ex concejal de Urbanismo, Manuel Fernández. Si Rodríguez Acosta está imputado de cohecho, el juez acusa a Guerrero de prevaricación y cohecho, y a Fernández de otros cinco delitos.

Al parecer, el consistorio vendió los terrenos de la promoción Novosur de 1.200 viviendas por 1,2 millones a pesar de que los técnicos municipales los valoraron en 3,5 millones de euros.

Las conversaciones intervenidas por los investigadores del caso revelan las irregularidades que Fernández planeó junto al promotor Rodríguez Acosta para solventar las dificultades que entrañaba la altura de los pisos: "En vez de decir que esto mide 15 metros, no, esto mide 14,20. Vamos a intentar hacer un plano para adaptarlo y ya está", comenta el ex concejal. "Los militares no van a medir, se la metemos doblada y a tomar por culo", añade. "Claro, en la vida van a ir a medir", remacha el promotor. Ambos dialogan sobre el riesgo que corren con la operación. El promotor le dice al ex edil que la contestación de Defensa será "posterior a las elecciones", pero Fernández prefiere "no apretar mucho por si sale en la prensa", y concluye que "los militares tardarán 18 meses en contestar y lo aprobarían por silencio administrativo".

Al analizar el pinchazo telefónico, el juez instructor del caso, Miguel Ángel Gómez Torres, determinó en un auto: "El imputado concierta con el constructor que un supuesto técnico de Frai manipule las alturas de los planos de los edificios de pisos que está construyendo Frai para eludir la servidumbre legal aeronáutica militar, que prohíbe edificar a cierta altura y así aprobar el Plan Parcial del S2". El juez estima que supuestamente el ex edil Manuel Fernández "obtiene como contraprestación de Fernando Rodríguez Acosta un piso".